La mayoría de deportados es gente honrada: Cónsul

Organización Editorial Mexicana
El Sol de Mexico
14 de noviembre de 2011

La Voz de la Frontera

Mexicali.- Las funciones de apoyo que realizan los Consulados de México en los Estados Unidos a los mexicanos residentes en dicho país, son muy amplias y abarcan muchos aspectos de las necesidades que tienen en lo referente a trámites personales para la obtención de documentos y otros programas, explicó ayer la Cónsul de nuestro país en Caléxico, ex diputada Gina Andrea Cruz Blackedge.

La funcionaria fue la invitada especial de la sesión semanal de todos los lunes del Grupo Los Madrugadores de Mexicali que coordina el señor José Holguín Navarro ante quienes hizo una amplia exposición de las diversas actividades que se desarrollan en apoyo de los mexicanos residentes en el valle Imperial vecino del municipio de Mexicali.

Entre ellas destacó la asistencia que se brinda a las personas que son deportadas, principalmente de niños a los cuales se les presta especial atención por ser más vulnerables que los adultos, además de estar al tanto de las horas en que son repatriados nuestros connacionales de los cuales algunos quieren volver a ingresar al vecino país y otros regresar a sus lugares de origen.

Al respecto, la Cónsul quien es oriunda de esta capital, indicó que el Consulado les brinda ayuda económica a estos mexicanos deportados la cual consiste en darles el boleto de regreso a sus entidades y 40 dólares más para los gastos del viaje, lo cual es aprovechado por muchos de ellos.

Dijo que esto es un acto de confianza a estas personas ya que aún cuando se les da seguimiento no se sabe si puedan bajarse en algún otro punto de esta zona fronteriza, ya que no existe un estudio sobre ello, además de que rechazó las aseveraciones de algunos de que los migrantes son culpables de que haya aumentado la inseguridad en Mexicali.

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2309247.htm

Nuevas prisiones de ICE preocupan a la comunidad inmigrante

Activistas temen que la política migratoria de Obama empeore en 2012
Por Jorge Cancino
Univision.com
Fecha: 02/07/2011

Un reportaje del diario La Opinión de Los Angeles, sobre la construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes indocumentados, revivió recientes denuncias sobre el trato que reciben miles de extranjeros sin papeles apresados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

Según el periódico, ICE firmó contratos para la edificación de nuevos centros en zonas cercanas a ciudades con alta concentración de inmigrantes y donde se llevan a cabo el mayor número de arrestos.

En los primeros dos años de la administración del Presidente Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a poco más de 800 mil indocumentados, cifra récord reconocida por las propias autoridades federales.

La Opinión aseguró que se encuentran en planes de desarrollo varios centros en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey y Texas.

"Están equivocados"

"Pareciera que no nos tienen miedo", dijo a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHILA). "Creen (el gobierno federal de Obama) que nuestro poder político no es suficiente como para descarrilar el tren que ellos han hecho marchar a velocidades máximas desde hace dos años. Están equivocados".

Cabrera reiteró que de la alta cifra de deportados por el gobierno en los dos últimos años, "entre seis y siete de cada 10 no tenía antecedentes criminales que representaran una amenaza para la seguridad nacional". La cifra manejada por CHIRLA y respaldada por varias organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes se encuentra muy por encima de la anunciada por el gobierno, quien asegura que cerca del 70 por ciento de los expulsados sí tenía antecedentes criminales serios (crimen, asesinatos, violaciones y drogas, entre otros).

"Pero sobre todo me preocupa que sea el propio director de ICE, John Morton, quien dijo el martes en Chicago que la agencia no tiene recursos para instalar un sistema de videoconferencia para que los inmigrantes arrestados en centros lejos de sus hogares puedan hablar con sus familiares", cuestionó Cabrera. "Sin embargo tienen recursos para erigir nuevas cárceles. Es tremendo, tremendo".

A pedido de México

La instalación de sistemas de videoconferencias fue sugerida por el Consulado General de México. Morton también reconoció que la agencia que dirige tiene "muchos" centros de detención en el área de Chicago y aseguró que el mayor número de extranjeros deportados por Estados Unidos es de origen mexicano.

"Así como él (Morton) describe esa situación en Chicago, me temo que de la misma manera está describiendo la situación de miles y miles de inmigrantes en el país, y que alguien estará haciéndose rico a costa de que estas miles de personas estén ahora en un centro de detención, y todavía quieren hacer más cárceles. Es inhumano privarlos de libertad completamente y retenerlos indefinidamente. Hay gente que nos dice que están ahí seis, cuatro meses, más tiempo… Pareciera que no hay guías claras que indiquen qué tiene que hacer ICE con los inmigrantes arrestados. Están haciendo lo que les venga en gana".

Morton se reunió en Chicago con representantes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, autoridades policiales y de la gobernación de Illinois, para hablarles de la participación de los estados en el polémico programa federal Comunidades Seguras, una de las principales herramientas del gobierno para arrestar a indocumentados.

Illinois se retiró en mayo del programa argumentando que no cumple con su objetivo y quebró la confianza que la comunidad tiene en la policía, y que con ello se perdió un elemento clave en el combate al crimen.

Base de datos en la mira

Comunidades seguras es una gigantesca base de datos a cargo de ICE que cruza información con centros carcelarios, gobiernos locales y otras agencias federales para buscar a extranjeros con antecedentes criminales. El programa fue lanzado en seis ciudades en 2006 y en estos momentos funciona en 42 estados. La oficina de fiscalización del DHS lo investigará a partir de agosto tras una andanada de denuncias y Morton anunció, hace dos semanas, cambios en atención a innumerables quejas recibidas por el gobierno.

La base de datos también coteja las huellas dactilares tomadas por las policías a sospechosos detenidos por cualquier infracción.

Pero los cambios a Comunidades Seguras no son suficientes para aplacar el nerviosismo de las organizaciones pro inmigrantes. "Lo malo es que muchos están diciendo que es mejor que hagan las nuevas cárceles y tener a nuestros familiares cerca, para poder hablarles, para poder verlos. Eso no está bien. Con el anuncio de la construcción de nuevos centros el gobierno del presidente Obama está en proceso de implementar grandes centros de concentración de inmigrantes como nunca antes se había visto en Estados Unidos", apuntó.

ICE asegura que las obras forman parte de "un plan para reformar y mejorar el trato a los inmigrantes y adaptarlos al tipo de inmigrante detenido", ya que hoy en día casi la mitad está en cárceles locales bajo contrato, se lee en la nota de La Opinión.

"No hay garantías de que mejorará el trato a los inmigrantes detenidos, ninguna", dijo Cabrera. "Sigue pendiente la denuncia sobe los centros de ICE que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en los centros de detención de inmigrantes se viola el debido proceso", recordó.

El informe de la OEA

A finales de julio de 2010 la CDIH concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó.

Agregó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de "lamentable".

En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.

Dramáticas carencias

Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos. En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión.

Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.

Otro frente de críticas al gobierno de Obama por su política carcelaria para indocumentados se genera por el alto número de detenidos y el costo que ello significa, un movimiento de varios millones de dólares cada año.

Una investigación del Center for American Progress (CAP) hecha en 2010 encontró nexos entre empresas que administran penales de inmigrantes y personajes que impulsan iniciativas para criminalizar la migración indocumentada en estados tales como Arizona.

El informe detalló que leyes como la polémica SB1070 tienen como objetivo que cientos de indocumentados ingresen a prisión por las ganancias que generarían.

Andrea Nill, una de las consultoras que participó en el estudio, dijo en abril a Univision.com que todo apunta a que leyes contra la inmigración indocumentada como la SB1070 de Arizona “le permiten al sistema tener más indocumentados en sus prisiones”.

Asimismo, un reciente reporte de The Associated Press, atribuido a auditores gubernamentales, dio cuenta que unos 55 mil inmigrantes estuvieron recluidos en prisiones federales el año pasado.

Bajo el programa Comunidades Seguras, las identidades de todos ellos fueron cotejadas por ICE.

La GAO señala además que el número de inmigrantes arrestados y deportados por ICE aumentó 70% desde 2009, y que las infracciones de tránsito y los delitos de drogas representan la mitad de los ilícitos que han derivado en esas detenciones.

"Nosotros seguimos insistiendo en que el gobierno debe detener las deportaciones y centrar la atención en la reforma migratoria", dijo Cabrera. "Más cárceles es una respuesta equivocada. Pareciera que no nos tienen miedo", reiteró y dijo que la comunidad hispana "lo tendrá en cuenta" en las elecciones presidenciales de 2012.

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2011-06-30/alarma-nuevas-prisiones-ice

Guía mexicana para evitar deportaciones; Una nueva ley en Alabama motiva la respuesta consular

Yucatan.com.mx
11 Junio 2011

MÉXICO (Notimex).- El Consulado de México en Atlanta divulgó la "Guía sobre la Ley HB56", de Alabama, Estados Unidos, donde detalla los alcances de esa legislación promulgada la víspera y los riesgos que corren los mexicanos indocumentados con su aplicación.

En el documento se señala que a partir del 1 de septiembre los indocumentados que sean arrestados en Alabama no podrán salir bajo fianza, por lo que recomienda evitar cualquier discusión con policías y exigir en todo momento ayuda consular.

El Consulado anticipó que publicará boletines y cápsulas informativas en español sobre el tema en diversos medios.

En tanto, anticipó que de acuerdo con esa ley cualquier policía podrá preguntar la situación migratoria de la persona y, en su caso, arrestarla.

Quien conduzca sin licencia también podrá ser arrestado, al igual que aquellos que se suban a un automóvil en la calle para ser contratados para algún trabajo.

La ley convierte en delito transportar, hospedar u ocultar a indocumentados, incluso si son familiares, así como fomentar que personas sin documentos se trasladen a Alabama.

Será delito permanecer en el Estado sin documentos, rentar una vivienda a un indocumentado, usar documentos falsos para conseguir trabajo o solicitar un servicio público y hasta pedir trabajo sin documentos.

De hecho, cualquier contrato que se firme con personas indocumentadas se considerará sin validez oficial.

En ese sentido, la guía señala que pueden ser arrestados los mexicanos que no tengan identificación oficial legal de Alabama, licencia de conducir, pasaporte mexicano vigente con visa y sello de entrada u otra identificación oficial vigente de Estados Unidos.

Ante la eventualidad de ser detenido sin ninguno de esos documentos el ciudadano mexicano debe decir su nombre, dirección y fecha de nacimiento y pedir hablar con un abogado o con el Consulado, pero no debe contestar preguntas. Se subraya la recomendación de seguir las indicaciones y conducirse con respeto hacia los oficiales en caso de ser detenido.

En contexto:

Ley HB56 | Medidas

Detalles de la nueva guía de un Consulado mexicano ante la entrada en vigor de la Ley HB56:

"No discuta"

"Lo peor que puede hacer es discutir con un oficial, intentar huir, decir mentiras o resistirse al arresto", subraya con énfasis la guía consular.

Cumplimiento de la ley

"Aunque las leyes prohiben ser detenido por el color de piel, la nacionalidad o idioma es necesario respetar en todo momento leyes y reglamentos para no tener problemas con la policía", añade.

Ayuda consular

"En caso de ser detenido es necesario exigir el apoyo consular y en ningún caso firmar ningún documento que no entienda".

http://www.yucatan.com.mx/20110611/nota-13/134456-guia-mexicana-para-evitar-deportaciones.htm

More Mexicans leaving U.S. under duress

By OCTAVIO RIVERA LÓPEZ
Al Día
July 5, 2008

Two hours were enough for José Luis Sánchez and his family to pack their most valuable belongings in two vans – items accumulated in 10 years of living in the Dallas area.

With his wife, children and their suitcases in place, Mr. Sánchez closed the door of his Mesquite apartment for the last time, sat at the wheel of one of the vehicles – his brother drove the other – and hit the road back to his homeland.

So ended his decade-long adventure as an illegal Mexican immigrant in the United States.

According to Mexican consulate officials in Dallas, some 400 immigrant families have told them so far this year that they're going back to Mexico and asked for transfer documents to enroll their children in Mexican schools.

Enrique Hubbard Urrea, Mexican consul general in Dallas, said it is impossible to track every Mexican who leaves the area. But he said the number asking for transfer documents at the consulate is on the rise.

In 2005, the consulate issued 162 such documents; in 2006 it was 199; and last year it was 270. At the current rate, more than twice as many people will leave this year as last, he said.

"There is no doubt the trend indicates that the number is growing," Mr. Hubbard said.

And it isn't happening only in Dallas. At the Mexican consulates in Chicago and Phoenix, too, the number of Mexican families applying for transfer documents for their children has increased.

So far in 2008, more people (752) have visited the Mexican consulate in Phoenix to apply for transfer documents than the total for 2006 (248) and 2007 (330) combined, according to officials there.

According to informal surveys by the Mexican consulate in Dallas, most of those wanting to return to Mexico cite the sudden scarcity of jobs, fear of deportation and uncertainty about obtaining legal resident status any time soon.

In the last few years, and particularly the last few months, Mr. Sánchez struggled to find work. His earnings dwindled as his children grew up and their needs multiplied.

"People like me, if you don't work one day, you worry about how to feed your family the next day," he said. "We as immigrant workers never have stability, even if the economy is doing well. Imagine how things are now."

Also, he said, there is growing anti-immigrant sentiment that he would rather not experience anymore.

"Those of us who live here live depressed all the time, in hiding," he said. "They don't like us here, and those who love us and whom we love are far away. I prefer to go back, even if it means living in poorer conditions."

Mr. Hubbard said tougher enforcement of immigration laws in the last few years hasn't gone unnoticed.

"Some say companies fear hiring people without proper documents," he said.

He said others are seeing authorities detain more people in Irving, Farmers Branch and, to a lesser degree, Carrollton.

Carl Rusnok, spokesman for the Immigration and Customs Enforcement office in Dallas, said deportation of Mexican immigrants nationally has grown from 108,900 in 2005 to 136,370 last year.

Mark López, associate director of the Pew Hispanic Center, said he has no reliable data about the number of immigrants returning to Mexico but is not surprised many are going.

"Lower-income people – obviously including immigrants – have been disproportionately affected by the economic downturn," he said.

Two weeks ago, the Pew center said the unemployment rate among Hispanic immigrants reached 7.5 percent in the first quarter of 2008, compared with 5.5 percent during the same quarter of last year.

Mr. Hubbard and Mr. López say the departures could cause problems for cities, especially those that have pushed ordinances hostile to immigrants, because in scaring immigrants away, they are driving away part of their workforce along with its purchasing power.

"If they don't like them as neighbors, they won't like them as consumers, either," said Mr. Hubbard.

But others think that immigrants returning to their countries won't hurt the U.S. economy.

"The country's economy adjusted to the immigrants' presence. No doubt it will adjust to their absence," said Ira Mehlman, national spokesman for FAIR, an organization opposed to illegal immigration.

"That these people are leaving proves what we have been saying for years," he said. "If you begin enforcing the law to prevent them getting what they come here to get, they will go."

Mr. Mehlman said FAIR would like to see more immigrants leave, not because of hard economic times but because of law enforcement.

He said the return of Mexican immigrants to their home country would force the government there to make reforms to jump-start its economy.

"Exporting its unemployed, underemployed citizens or those who are unhappy there allowed the Mexican government to get rid of the pressure to introduce changes for the benefit of their people," Mr. Mehlman said. "Now that their people are going back, perhaps they won't be able to shun their responsibility any longer."

As the moment to leave came, José Luis Sánchez and his family didn't have an idea of the Mexico awaiting them. From their family, they expect everything. From their home country, not much.

"We're going to continue living by the day, for sure," he said. "But psychologically we're going to be better. With our family, without fears, without pressures. It's worth the difficulties."

And, he added, "The American Dream is just that – a dream."

http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/dn/latestnews/stories/070508dnmetimmigrants.24395628.html