REGRESO. El INM informa en su página de internet que cerca de 25% del total de repatriaciones desde EU registradas entre enero y mayo ocurrieron por Tijuana (Foto: JULIETA MARTÍNEZ )Por Corresponsales
EL UNIVERSAL
Domingo 24 de julio de 2011
Se les ve deambular por las calles, dormir en las plazas o pedir dinero fuera de los comercios. Algunos, después de varios meses, logran superar esta situación y deciden establecerse por un tiempo en la ciudad, y normalmente se van a invasiones. Son los migrantes, esa población que en su camino hacia Estados Unidos o al ser deportados terminan quedándose en las localidades fronterizas que no cuentan con el presupuesto que alcance para ellos.
“El tema de las personas deportadas es una presión muy fuerte, porque se quedan a residir en asentamientos irregulares, demandando todo tipo de servicios”, dice el alcalde de Nogales, Sonora, José Ángel Hernández. Su ciudad, junto con Tijuana y Mexicali, en Baja California; y Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentran, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), entre los municipios por donde se deporta más de 80% de los repatriados desde Estados Unidos.
Funcionarios, legisladores y empresarios de ciudades fronterizas aseguran que el presupuesto asignado para los ayuntamientos es desproporcional en comparación con la carga “titánica” que representa atender a la población flotante, que por no estar registrada no cuenta en el conteo que es la base para la asignación de recursos.
Además, afirman que con la entrada masiva de personas deportadas se incrementa el riesgo de que éstas se enfilen en bandas del crimen organizado o cometan delitos del fuero común.
“Los vemos deambulando por el andador turístico y centro de la ciudad, algunos se congregan en grupos y con la depresión que los embarga de haber sido separados de su familia, haber perdido su casa, su trabajo; con la depresión que cargan empiezan a beber licor o a drogarse para mitigar su frustración”, dice el presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de Tijuana, Julián Palombo Saucedo.
Migrantes, culpables de inseguridad
En Baja California, autoridades y empresarios se han manifestado en torno a que los migrantes son los responsables del incremento delictivo de la ciudad, y han solicitado que se les envíe directamente a sus lugares de origen.
Sin embargo, el procurador de Derechos Humanos en Baja California, Heriberto García García, cuestionó que a estas personas se les catalogue por su condición.
Por Tijuana, Baja, California, son deportados, en promedio, 300 migrantes diarios, lo que es “una preocupación” por el riesgo de que se hagan delincuentes y se conviertan en una “carga” para la ciudad, comenta el secretario de Seguridad Pública local, Gustavo Huerta Martínez.
Asegura que ocho de cada 10 repatriados se involucran en algún delito, por lo que dice que se solicitará la intervención de autoridades estadounidenses para resolver la situación.
Sobre este problema, el diputado federal panista Francisco Vega de Lamadrid propuso en el Congreso de la Unión que por ley se notifique a México el estatus de los connacionales repatriados para dar seguimiento de su situación, pero no se ha avanzado en la propuesta legislativa.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informa en su página de internet que cerca de 25% del total de repatriaciones desde Estados Unidos registradas entre enero y mayo de este año ocurrieron por Tijuana.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, la legisladora federal por el primer distrito Cristabell Zamora Cabrera menciona que en ese estado el mayor riesgo que se presenta es que los deportados se conviertan en víctimas del crimen organizado o se anoten en sus filas.
El presidente de la Cámara de Comercio local, Emilio Girón, reconoce que el problema no ha sido “controlado de la manera debida”.
“50% de los repatriados se quedan”
El hecho de que alrededor de 50% de las personas deportadas decidan quedarse en la frontera de Sonora genera a los ayuntamientos mayores costos económicos y sociales, coinciden en señalar alcaldes sonorenses.
José Ángel Hernández, de Nogales, ciudad vecina de la entidad estadounidense de Arizona, asegura que lo más problemático son los asentamientos irregulares. “Aquí hay invasiones que demandan todo tipo de servicios; baños, agua, techo, de recolección de basura, alimentación, todo lo que conlleva el asentamiento humano”, menciona el presidente municipal.
Expone que durante 2010, los índices de deportación estaban entre 400 y 500 diarios, y a veces hasta mil. Afirma que a pesar de que hay programas del gobierno federal que apoyan esta situación, es necesario que se destinen mayores recursos a las ciudades fronterizas, ya que en el caso de Nogales alrededor de 40% de la población no está registrada oficialmente.
“Por ejemplo, según INEGI, existen 220 mil habitantes, pero nosotros tenemos datos de que hay más de 350 mil pobladores, por los trámites que hacemos en las invasiones... los recursos se quedan muy cortos”.
El problema, advierte, es cuando llegan deportados con historial delictivo como los Mara Salvatrucha. “Llegamos a tener tres maras que vivían en cuevas en el relleno sanitario y me lo incendiaron, y tardamos como dos meses en apagar el relleno, le invertimos muchísimo dinero”.
El presidente municipal de San Luis Río Colorado, Manuel Baldenebro Arredondo, comenta que lo más problemático como ayuntamiento es levantar las sanciones por las violaciones al bando de Policía y buen gobierno por parte de los migrantes.
En el caso de Coahuila, las ciudades de Acuña y Piedras Negras son las que presentan mayor problemática por este fenómeno. En el primer caso, al menos 40 mil migrantes de Veracruz, Zacaecas, Guanajuato y centroamérica se quedaron en la ciudad, según el alcalde Alberto Aguirre Villarreal.
“Aquí ya hasta tienen colonias con el nombre de sus lugares de origen; hay un fraccionamiento que se llama Veracruz, otro llamado Nueva Laguna”, comenta. El munícipe también considera que las cifras oficiales del INEGI discrepan de la realidad, ya que al menos 25% de los habitantes del municipio es población flotante.
Aunque han bajado los índices de criminalidad, agrega, el presupuesto para Seguridad Pública sigue siendo insuficiente, ya que es de 13 millones de pesos anuales cuando se necesita un 40% más para poder dar mejores condiciones de vida a los policías que se encargan de la vigilancia.
En Ojinaga, Chihuahua, en lo que va del año han llegado más de mil 200 deportados, y alrededor de 15% se queda en esa pequeña ciudad chihuahuense. “350 personas por mes se quedan aquí, es una cifra elevadísima para una comunidad de sólo 18 mil habitantes, ya que no se crean los empleos necesarios”, explica el ex presidente municipal César Carrasco.
Situación de Ciudad Juárez
En Ciudad Juárez, Chihuahua la repatriación cambió de color. Desde mediados de 2010 el gobierno mexicano pidió a EU disminuir el número de deportaciones por esta frontera, dado la situación de inseguridad.
Desde entonces las cifras bajaron y de 10 mil 609 repatriados en el primer semestre de 2010, la cifra bajó a 2 mil 946 en el segundo. (Julieta Martínez, Zorayda Gallegos, Juan Manuel Cruz, Hilda Fernández, Gastón Monge y Corresponsalía)
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