Univision
Fecha: 11/03/2011
Hay 5 mil niños en cuidado temporal tras quedar sin sus padres, reveló estudio
La intersección entre el proceso federal de deportación de inmigrantes y el sistema local de bienestar infantil está llevando a situaciones desastrosas, en las que padres detenidos o deportados terminan perdiendo la custodia de sus hijos porque no pueden asistir a las audiencias ni cumplir con los requisitos necesarios para recuperarlos.
Un estudio nacional sin precedentes develado el miércoles estimó que hay más de 5 mil niños en el sistema de cuidado temporal cuyos padres están detenidos por inmigración o fueron deportados a su país de origen, sin que estos hayan podido hacer nada para recuperar a sus hijos.
"Cuando por alguna razón padres e hijos se ven separados y los hijos pasan al cuidado del estado, la mayoría de las veces se logra una reunificación. Pero en el caso de los padres inmigrantes deportables, las barreras son increíblemente más elevadas", explicó Seth Freed Wessler, autor del estudio Familias Destrozadas, del Centro de Investigaciones Aplicadas (ARC).
Familias destruidas
Este problema se hace más acuciante en los estados y localidades cuyos departamentos de policía tienen acuerdos con el gobierno federal para asistir en labores de deportación, ya que tienden a realizar más deportaciones de personas con tiempo en el país y lazos familiares.
Como esa colaboración y la cantidad de deportaciones han venido aumentando, también son más los padres que han terminado por perder la custodia de sus hijos, sea temporal o permanentemente.
Según el estimado de ARC, 46 mil madres o padres de ciudadanos estadounidenses fueron deportados en los primeros meses de 2011.
En cualquier caso, las decisiones son difíciles, pero más aún cuando los niños caen en la custodia de autoridades de bienestar infantil.
Separaciones forzadas
El estudio identificó casos de este tipo de separación forzada en al menos 22 estados. En Los Ángeles, en el período estudiado, se encontró que hay 1,178 niños en hogares de cuidado temporal, con padres deportados o en proceso de deportación, un 6.2% del total.
"Cuando los niños pasan a la custodia del estado, es común en casos de detenidos por ICE que los padres pierdan todo contacto con sus hijos. A menudo los mueven a centros de detención muy alejados de su lugar previo de residencia y no les permiten asistir a las audiencias en la corte infantil", dijo Rinku Sen, directora ejecutiva de ARC.
En muchas ocasiones, los padres son inmigrantes que no han cometido ningún delito, simplemente caen en manos de las autoridades por manejar sin licencia, estar en el lugar equivocado y hasta ser víctimas de violencia doméstica.
Doble castigo
Ese fue el caso de Hilaria, una mujer en Phonix, cuya historia está explicada con detalle en el reporte. Hilaria fue arrestada tras un incidente de violencia doméstica mientras trataba de defenderse de una paliza de su marido, que la acusó a ella del ataque. Por ser indocumentada, Hilaria terminó detenida por inmigración.
Los niños quedaron con él, hasta que algún tiempo después las autoridades de bienestar infantil se dieron cuenta de que él abusaba de las drogas y se llevaron a los pequeños.
Hilaria sigue detenida y sus hijos en foster care. Cuando fue entrevistada en un centro de detención por los investigadores del estudio, la mujer declaró que "aguanté el abuso por mis hijos, pero ahora me los han robado".
Familias destruidas
Hay otros casos similares. Dos hermanas indocumentadas fueron arrestadas en Nuevo México y deportadas cuatro meses después. Ninguna de ellas tenía un delito en su haber y sin embargo sus tres hijos fueron colocados en cuidado temporal, donde permanecieron durante 14 meses hasta que gracias a la intervención del consulado mexicano pudieron reunirse en México.
No obstante, los casos con final feliz no son tan comunes, dijeron los investigadores. Las leyes actuales requieren detención obligatoria para la mayoría de los inmigrantes en proceso de deportación y no existe un mecanismo formal que permita a una persona detenida participar activamente del proceso que se inicia cuando los menores son puestos en custodia del estado.
Asimismo, el sistema de bienestar infantil no tiene mecanismos para actuar y, según las conclusiones del estudio, a menudo no tienen una idea clara de lo que está pasando y creen que por el hecho de estar detenidos, las personas deben ser delincuentes y, por tanto, la reunificación resulta menos deseable.
En los casos en los que los consulados de las personas deportables son contactadas y entran en acción, se observan mejores resultados, pero esto no ocurre sino en un puñado de lugares donde las autoridades del condado han buscado activamente esa relación.
Fustigan al gobierno
Los autores del estudio fustigaron a las autoridades de inmigración por lo que caracterizaron como indiferencia ante la situación de estas familias.
"ICE no siente que tenga ninguna responsabilidad por las vidas reales que la gente tenía antes de la detención", dijo Wessler. "No hacen prácticamente nada para facilitar el contacto de los detenidos con las autoridades de bienestar infantil".
Pero una portavoz de ICE negó las acusaciones.
"No hemos visto el contenido de este reporte, pero en realidad nuestro departamento hace lo posible para asegurar que los detenidos tienen la oportunidad de hacer las decisiones importantes respecto al cuidado y custodia de sus hijos", dijo Virginia Kice.
"De acuerdo con el memo de prioridades emitido en junio de 2010, ICE generalmente no arresta a individuos que son los principales custodios de menores, a menos que sean sujetos legalmente a la detención obligatoria por el riesgo de fuga o la severidad de su historia criminal".
Cifras escandalosas
El reporte de ARC, sin embargo, parece contradecir esta afirmación a cada paso.
"No me sorprende para nada ver estas cifras. Cuando deportas a más de un millón de personas hay padres y madres de niños ciudadanos... muchas veces se llevan a ambos, dejando a estos niños desprotegidos. En los viajes que he hecho por el país lo he visto en carne propia", dijo el congresista Luis Gutiérrez, al reaccionar ante el reporte.
“Cuando por alguna razón padres e hijos se ven separados y los hijos pasan al cuidado del estado, la mayoría de las veces se logra una reunificación. Pero en el caso de los padres inmigrantes deportables, las barreras son increíblemente más elevada”, agregó.
http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2011-11-03/estudio-deportacion-padres
Showing posts with label Immigration Studies. Show all posts
Showing posts with label Immigration Studies. Show all posts
Friday, November 4, 2011
Sunday, July 17, 2011
Fewer immigrants are coming from Mexico, but fewer are going back
By Leslie Berestein Rojas
Southern California Public Radio
July 13, 2011
Recent reports have indicated a sharp decrease in illegal immigration from Mexico, including a widely-circulated New York Times story last week that suggested economic and educational improvements there are among the reasons would-be migrants are staying put.
Southern California Public Radio
July 13, 2011
Recent reports have indicated a sharp decrease in illegal immigration from Mexico, including a widely-circulated New York Times story last week that suggested economic and educational improvements there are among the reasons would-be migrants are staying put.
But those who are in the U.S. already are also staying put, according to a new study from the RAND Corporation published in the scientific journal Demography. The study found that fewer Mexican immigrants left the U.S. to return home during during 2008 and 2009 than in the two years prior to the start of the current recession, with the recession slowing cross-border movement in both directions.
The study is based on information collected by Mexico’s National Survey of Occupation and Employment, a quarterly survey of 100,000 households. From a RAND summary:
The researchers found declines in return migration among labor-migrant groups of men and 18- to 40-year-old migrants who have less than a college education, as well as a decline in total return migration in the fourth quarter of 2008 immediately after the triggering of the global financial crisis.
For example, while return migration to Mexico during the fourth quarters of 2006 and 2007 totaled 117,120 and 133,490, the numbers dropped to 95,238 and 79,959 during the fourth quarters of 2008 and 2009, according to the study.
The findings back up what the Pew Hispanic Center has concluded in recent years, as the estimated undocumented immigrant population of the United States has gone from a peak of 12 million in 2007 to 11.2 million. In their most recent report on the undocumented population last February, Pew researchers noted that there was no evidence return migration to Mexico had grown in recent years. However, deportations have more than doubled over the past decade, and Mexicans have constituted the majority of these.
One explanation suggested by RAND researchers for a drop in return migration is a “target earner hypothesis,” in which an immigrant chooses the date of returning home – if one is anticipated – based on a planned level of savings. From interviews I’ve done in the past with unauthorized workers struggling with the recession, this would make sense, since it’s been harder for them to save money.
The cost of crossing the border illegally has also become prohibitive as border security has increased. Where circular migration was once the norm, with seasonal migrant workers crossing back and forth, this has become financially impossible for many, giving unauthorized workers another reason to stay put while the economy improves.
Thursday, February 10, 2011
Poll: Majority of Tennesseans say immigrants a burden but oppose deportation
By Chas Sisk
The Tennessean
Feb. 9, 2011
Tennesseans have mixed opinions about immigration, with a majority saying foreigners have become a burden to the United States while also opposing a crackdown that would send illegal immigrants back to their home countries.
About 70 percent of Tennesseans believe immigrants take jobs from American citizens and use up tax dollars, according to a statewide poll by Vanderbilt University.
More than 60 percent said they favor giving illegal immigrants a path to citizenship rather than arresting them and forcing them to leave. Most Tennesseans also said they support granting citizenship to all children born on U.S. soil, regardless of where their parents are from, a principle often referred to as birthright citizenship.
The results suggest that even as they hold negative views about the recent wave of immigration to the United States, many Tennesseans do not support extraordinary measures to remove people who are in the country illegally.
"It’s something that we just need to accept," Will Shuff, owner of the 12South Taproom said in an interview with The Tennessean conducted separately from the poll. "We need to find a solution that works for everybody. If we just totally eliminated that, it’s going to be dramatic."
The poll found general agreement among Tennesseans on how to address illegal immigration, including on major policy questions such as amnesty, mass deportations and birthright citizenship.
Only about 1 percent of Tennesseans support giving illegal immigrants citizenship without any requirements or amnesty, but only about 36 percent back deportations.
Tennesseans instead expressed support for heftier penalties on businesses that use illegal immigrants. More than 78 percent of Tennesseans told pollsters they would support fines on employers that hire illegal immigrants, and 62 percent said they would back jail time for the practice.
"I wouldn’t mind a little fining," said Alvin Riedl, a barber at the Granny White Barber Shop nearly Lipscomb University. "Seven days wouldn’t be bad either. Forty-eight hours even."
Education a factor
Tennesseans’ attitudes toward immigration varied somewhat based on their level of education.
More than 80 percent of people with a high school education or less said immigrants are a burden on American society, a view shared by only 47 percent of those with college degrees.
Otherwise, skepticism toward the benefits of immigration appeared to span the political spectrum, cutting across race, age and gender.
A majority of liberals, nearly 56 percent, told pollsters that they view immigrants as a burden, a view shared by 64 percent of moderates and 80 percent of conservatives. About two-thirds of Tennesseans less than 45 years of age see immigrants as burdensome, as do 72 percent of Tennesseans older than 65 and 78 percent of Tennesseans of ages in between.
"We’re good people that really want to push ourselves forward," Celeste Nuñez, a 24-year-old immigrant from Mexico, said as she waited in a Catholic Charities office on Nolensville Pike for help completing her citizenship application. "I think they really should give us a chance, not just Hispanics but all kinds of people."
Yet, majorities of Tennesseans of all ages told pollsters that they favor creating a path to citizenship for illegal immigrants. That solution was favored by Democrats, Republicans and independents, and by 52 percent of respondents who identified themselves as members of the tea party movement.
"I’ve got immigrants who live right next to me, and their good neighbors," said Margaret Timmons, a 77-year-old retired nurse technician from Antioch. "They don’t bother me at all. … I think something should be done because they got to make a living just like anybody."
Several Middle Tennesseans said the citizenship requirements appear to be too difficult, raising unnecessary hurdles for immigrants, even those who are in the country legally.
"They need to give some permits to work," said Alfonso Martinez, a 26-year-old painter from Mexico who was naturalized in December. "All people want is to have drivers’ licenses and get jobs."
More than two-thirds of the people who called themselves tea partiers said they oppose granting citizenship to all children born in the U.S., but more generally, birthright citizenship drew majority support from Republicans and Democrats.
But support was widespread for tougher penalties on those who employ illegal immigrants. More than 85 percent of independents supported fines, as did 78 percent of Republicans and 65 percent of Democrats. A majority of liberals, 63 percent, backed fines, as did 79 percent of moderates and 81 percent of conservatives.
Even the suggestion of jail time was greeted with support. About two-thirds of conservatives and liberals supported sending employers who hire illegal immigrants to jail, as did 55 percent of moderates.
"Overall, Tennesseans are pretty unified in their perception of immigration," Clinton said. "It’s not a Republican or Democratic question. Most of the time, they’re on the same side of the issue."
http://timesfreepress.com/news/2011/feb/09/tennesseans-immigrants-burden-oppose-deportation/
The Tennessean
Feb. 9, 2011
Tennesseans have mixed opinions about immigration, with a majority saying foreigners have become a burden to the United States while also opposing a crackdown that would send illegal immigrants back to their home countries.
About 70 percent of Tennesseans believe immigrants take jobs from American citizens and use up tax dollars, according to a statewide poll by Vanderbilt University.
More than 60 percent said they favor giving illegal immigrants a path to citizenship rather than arresting them and forcing them to leave. Most Tennesseans also said they support granting citizenship to all children born on U.S. soil, regardless of where their parents are from, a principle often referred to as birthright citizenship.
The results suggest that even as they hold negative views about the recent wave of immigration to the United States, many Tennesseans do not support extraordinary measures to remove people who are in the country illegally.
"It’s something that we just need to accept," Will Shuff, owner of the 12South Taproom said in an interview with The Tennessean conducted separately from the poll. "We need to find a solution that works for everybody. If we just totally eliminated that, it’s going to be dramatic."
The poll found general agreement among Tennesseans on how to address illegal immigration, including on major policy questions such as amnesty, mass deportations and birthright citizenship.
Only about 1 percent of Tennesseans support giving illegal immigrants citizenship without any requirements or amnesty, but only about 36 percent back deportations.
Tennesseans instead expressed support for heftier penalties on businesses that use illegal immigrants. More than 78 percent of Tennesseans told pollsters they would support fines on employers that hire illegal immigrants, and 62 percent said they would back jail time for the practice.
"I wouldn’t mind a little fining," said Alvin Riedl, a barber at the Granny White Barber Shop nearly Lipscomb University. "Seven days wouldn’t be bad either. Forty-eight hours even."
Education a factor
Tennesseans’ attitudes toward immigration varied somewhat based on their level of education.
More than 80 percent of people with a high school education or less said immigrants are a burden on American society, a view shared by only 47 percent of those with college degrees.
Otherwise, skepticism toward the benefits of immigration appeared to span the political spectrum, cutting across race, age and gender.
A majority of liberals, nearly 56 percent, told pollsters that they view immigrants as a burden, a view shared by 64 percent of moderates and 80 percent of conservatives. About two-thirds of Tennesseans less than 45 years of age see immigrants as burdensome, as do 72 percent of Tennesseans older than 65 and 78 percent of Tennesseans of ages in between.
"We’re good people that really want to push ourselves forward," Celeste Nuñez, a 24-year-old immigrant from Mexico, said as she waited in a Catholic Charities office on Nolensville Pike for help completing her citizenship application. "I think they really should give us a chance, not just Hispanics but all kinds of people."
Yet, majorities of Tennesseans of all ages told pollsters that they favor creating a path to citizenship for illegal immigrants. That solution was favored by Democrats, Republicans and independents, and by 52 percent of respondents who identified themselves as members of the tea party movement.
"I’ve got immigrants who live right next to me, and their good neighbors," said Margaret Timmons, a 77-year-old retired nurse technician from Antioch. "They don’t bother me at all. … I think something should be done because they got to make a living just like anybody."
Several Middle Tennesseans said the citizenship requirements appear to be too difficult, raising unnecessary hurdles for immigrants, even those who are in the country legally.
"They need to give some permits to work," said Alfonso Martinez, a 26-year-old painter from Mexico who was naturalized in December. "All people want is to have drivers’ licenses and get jobs."
More than two-thirds of the people who called themselves tea partiers said they oppose granting citizenship to all children born in the U.S., but more generally, birthright citizenship drew majority support from Republicans and Democrats.
But support was widespread for tougher penalties on those who employ illegal immigrants. More than 85 percent of independents supported fines, as did 78 percent of Republicans and 65 percent of Democrats. A majority of liberals, 63 percent, backed fines, as did 79 percent of moderates and 81 percent of conservatives.
Even the suggestion of jail time was greeted with support. About two-thirds of conservatives and liberals supported sending employers who hire illegal immigrants to jail, as did 55 percent of moderates.
"Overall, Tennesseans are pretty unified in their perception of immigration," Clinton said. "It’s not a Republican or Democratic question. Most of the time, they’re on the same side of the issue."
http://timesfreepress.com/news/2011/feb/09/tennesseans-immigrants-burden-oppose-deportation/
Tuesday, February 1, 2011
Illegal immigrants: Here to stay
By Lee Hockstader
The Washington Post
February 1, 2011
Two new studies on illegal immigration are out this week, looking both at demographic trends and at the enforcement efforts, mostly by local governments, to contain the problem. Here's the headline: Illegal immigrants are here to stay, no matter how much pressure, legislation, ethnic profiling and furious rhetoric are directed against them.
In the gusher of new data, one thing that struck me was how deeply entrenched undocumented migrants are, not just in communities across the land but in the American economy. Dislodging them in any meaningful way isn't just nativist fantasy; it's economic folly.
Consider this: Three big states -- California, Texas and New Jersey -- on their own account for about 25 percent of U.S. GDP. In those states, unauthorized immigrants account for, on average, about 9 percent of the work force, according to a report released Tuesday by the Pew Hispanic Center. (It's actually closer to 10 percent in California and a little below 9 percent in New Jersey.)
Removing almost a tenth of the labor force in those states, as the pro-deportation crowd favors, would deal a staggering blow to a quarter of the American economy, robbing it of the low-skilled workers that underpin agriculture, food processing, hospitality and construction industries, among others. And don't count on millions of unemployed American-born workers, who tend to be relatively well educated and skilled, rushing to fill the places of deported illegal immigrants who sweated through jobs in meat-packing plants, construction sites and picking lettuce.
Overall, the Pew study found, the number of illegal immigrants has leveled off, at 11.2 million after two years of decline linked largely to the recession. About 8 million undocumented workers were in the country in 2010, a number virtually unchanged from 2009; they represent 5.2 percent of the overall labor force.
Maybe even more striking is the ongoing surge of so-called anchor babies -- children born in the U.S. to illegal immigrants, who tend to be younger and have more children than the population overall. While illegal immigrants represent just under 4 percent of the U.S. population, about 8 percent of all newborns has at least one unauthorized parent, Pew reported. In the 12 months ending in March 2010, about 350,000 babies were born in this country to illegal immigrants -- about the same number as in the previous year. (Another 17 percent of all American babies were born to legal immigrants, meaning that a quarter of all U.S. children have foreign-born parents.) And of all 5.5 million kids born to illegal immigrant parents, more than 80 percent were born in this country and are therefore citizens.
Those numbers will undoubtedly cause even more gnashing of teeth from the nativist crowd, and calls to reinvent the 14th Amendment, which has been interpreted as conferring automatic citizenship on children born within our borders.
The other study, by the Migration Policy Institute, offers fewer big surprises. It features the unshocking information that crackdowns by local authorities in a number of jurisdictions led illegal immigrants to, well, go next door to jurisdictions that took a more tolerant stance.
Two of the localities highlighted by the report are Prince William County, in Virginia, and Frederick County, in Maryland. In both places, immigrant-bashing rhetoric and policies led to sharp (in Prince William) or very sharp (in Frederick) declines in the unauthorized population. But in national or even regional terms, the effect was negligible since most who left those counties appeared not to have gone very far.
The MPI study focuses on the federal government's 287(g) program, which authorizes state and local law enforcement officers to screen and hold people for immigration status and violations, and trigger deportation proceedings against them. Unsurprisingly, the application of that program has been highly inconsistent. Some local police departments use it against any illegal immigrant they can get their hands on, and others target those who commit serious crimes, in line with the feds' stated policy.
Still, as the report acknowledges, only about 10 percent of deportations are initiated by state and local officials. So while they have been instrumental in generating a hostile atmosphere for unauthorized immigrants in some places, they're having little impact on the overall demographic trends that the Pew report highlights.
http://voices.washingtonpost.com/postpartisan/2011/02/illegal_immigrants_here_to_sta.html
The Washington Post
February 1, 2011
Two new studies on illegal immigration are out this week, looking both at demographic trends and at the enforcement efforts, mostly by local governments, to contain the problem. Here's the headline: Illegal immigrants are here to stay, no matter how much pressure, legislation, ethnic profiling and furious rhetoric are directed against them.
In the gusher of new data, one thing that struck me was how deeply entrenched undocumented migrants are, not just in communities across the land but in the American economy. Dislodging them in any meaningful way isn't just nativist fantasy; it's economic folly.
Consider this: Three big states -- California, Texas and New Jersey -- on their own account for about 25 percent of U.S. GDP. In those states, unauthorized immigrants account for, on average, about 9 percent of the work force, according to a report released Tuesday by the Pew Hispanic Center. (It's actually closer to 10 percent in California and a little below 9 percent in New Jersey.)
Removing almost a tenth of the labor force in those states, as the pro-deportation crowd favors, would deal a staggering blow to a quarter of the American economy, robbing it of the low-skilled workers that underpin agriculture, food processing, hospitality and construction industries, among others. And don't count on millions of unemployed American-born workers, who tend to be relatively well educated and skilled, rushing to fill the places of deported illegal immigrants who sweated through jobs in meat-packing plants, construction sites and picking lettuce.
Overall, the Pew study found, the number of illegal immigrants has leveled off, at 11.2 million after two years of decline linked largely to the recession. About 8 million undocumented workers were in the country in 2010, a number virtually unchanged from 2009; they represent 5.2 percent of the overall labor force.
Maybe even more striking is the ongoing surge of so-called anchor babies -- children born in the U.S. to illegal immigrants, who tend to be younger and have more children than the population overall. While illegal immigrants represent just under 4 percent of the U.S. population, about 8 percent of all newborns has at least one unauthorized parent, Pew reported. In the 12 months ending in March 2010, about 350,000 babies were born in this country to illegal immigrants -- about the same number as in the previous year. (Another 17 percent of all American babies were born to legal immigrants, meaning that a quarter of all U.S. children have foreign-born parents.) And of all 5.5 million kids born to illegal immigrant parents, more than 80 percent were born in this country and are therefore citizens.
Those numbers will undoubtedly cause even more gnashing of teeth from the nativist crowd, and calls to reinvent the 14th Amendment, which has been interpreted as conferring automatic citizenship on children born within our borders.
The other study, by the Migration Policy Institute, offers fewer big surprises. It features the unshocking information that crackdowns by local authorities in a number of jurisdictions led illegal immigrants to, well, go next door to jurisdictions that took a more tolerant stance.
Two of the localities highlighted by the report are Prince William County, in Virginia, and Frederick County, in Maryland. In both places, immigrant-bashing rhetoric and policies led to sharp (in Prince William) or very sharp (in Frederick) declines in the unauthorized population. But in national or even regional terms, the effect was negligible since most who left those counties appeared not to have gone very far.
The MPI study focuses on the federal government's 287(g) program, which authorizes state and local law enforcement officers to screen and hold people for immigration status and violations, and trigger deportation proceedings against them. Unsurprisingly, the application of that program has been highly inconsistent. Some local police departments use it against any illegal immigrant they can get their hands on, and others target those who commit serious crimes, in line with the feds' stated policy.
Still, as the report acknowledges, only about 10 percent of deportations are initiated by state and local officials. So while they have been instrumental in generating a hostile atmosphere for unauthorized immigrants in some places, they're having little impact on the overall demographic trends that the Pew report highlights.
http://voices.washingtonpost.com/postpartisan/2011/02/illegal_immigrants_here_to_sta.html
Friday, January 14, 2011
The Rise and Fall of Employer Sanctions
By David Bacon and Bill Ong Hing
Truthout.com
January 12, 2011
Ana Contreras would have been a competitor for the national tai kwon do championship team in 2009. She was fourteen years old. For six years she went to practice instead of birthday parties, giving up the friendships most teenagers live for. Then in October 2009, disaster struck. Her mother Dolores lost her job. The money for classes was gone, and not just that. “I only bought clothes for her once a year, when my tax refund check came,” Dolores Contreras explains. She continues:
Now she needs shoes, and I had to tell her we didn’t have any money. I stopped the cable and the internet she needs for school. When my cell phone contract is up next month, I’ll stop that too. I’ve never had enough money for a car, and now we’ve gone three months without paying the light bill.
Dolores Contreras shared her misery with eighteen hundred other families. All lost their jobs when their employer, American Apparel, fired them for lacking immigration status. For months she carried around the letter from the Department of Homeland Security (DHS), handed to her by the company lawyer. It says the documents she provided when she was hired were no good, and without work authorization, her work life was over.
Of course, it was not really over. Contreras still had to keep working if she and her daughter were to eat and pay rent. So instead of a job that barely paid her bills, she was forced to find another one that would not even do that.
Contreras is a skilled sewing machine operator. She came to the United States thirteen years earlier, after working many years in the garment factories of Tehuacan, Puebla, Mexico. There, companies like Levis make so many pairs of stonewashed jeans that rumor has it the town’s water has turned blue. In Los Angeles, Contreras hoped to find the money to send home for her sister’s weekly dialysis treatments, and to pay the living and school expenses for four other siblings. For five years she moved from shop to shop. Like most garment workers, she did not get paid for overtime, her paychecks were often short, and sometimes her employer disappeared overnight, owing weeks in back pay.
Finally Contreras got a job at American Apparel, famous for its sexy clothing, made in Los Angeles instead of overseas. She still had to work like a demon. Her team of ten experienced seamstresses turned out thirty dozen tee shirts an hour. After dividing the piece rate evenly among them, she would come home with $400 for a four-day week, after taxes. She paid Social Security too, although she will never see a dime in benefits because her contributions were credited to an invented number.
Now Contreras is working again in a sweatshop at half what she earned before. Meanwhile, American Apparel took steps to replace those who were fired. Contreras says they are mostly older women with documents, who cannot work as fast. “Maybe they sew 10 dozen a day apiece,” she claims. “The only operators with papers are the older ones.” Younger, faster workers either have no papers, or if they have them, they find better-paying jobs doing something easier. “President Obama is responsible for putting us in this situation,” she charges angrily. “This is worse than an immigration raid. They want to keep us from working at all.”
Contreras is right. The White House website says, “President Obama will remove incentives to enter the country illegally by preventing employers from hiring undocumented workers and enforcing the law.” In June 2009, he told Congress members that the government will be “cracking down on employers who are using illegal workers in order to drive down wages-and oftentimes mistreat those workers.”
The law Obama is enforcing is the 1986 Immigration Reform and Control Act, which requires employers to keep records of workers’ immigration status, and prohibits them from “knowingly hiring” those who have no legal documents, or “work authorization.” In effect, the law made it a crime for undocumented immigrants to work. This provision, employer sanctions, is the legal basis for all the workplace immigration raids and enforcement for a quarter century and now for Obama’s auditing of employment records. The end result is the same: workers lose their jobs. Sanctions pretend to punish employers, but in reality, they punish workers.
Workplace Immigration and Customs Enforcement (ICE) raids by gun-wielding agents resulting in the mass arrests of dozens and sometimes hundreds of employees that were common under the George W. Bush administration appear to have ceased under the Obama administration. Legally questionable mass arrests continue to occur in neighborhoods under the pretext of serving warrants on criminal aliens. However, disruptive, high-profile worksite raids appear to have subsided. When a Bush administration-style ICE raid took place in Washington State in February 2009 soon after Janet Napolitano took the helm as Secretary of the Department of Homeland Security (DHS), she expressed surprise and ordered an investigation. These types of raids were not in her strategy plan she noted; instead enforcement in her regime would focus on employers who hire undocumented workers, not on the workers themselves.
Make no mistake, although deportations related to worksite operations may have decreased under the Obama approach in contrast with that under George W. Bush, actual deportation numbers are not down. According to the Washington Post, the Obama administration is deporting record numbers of undocumented immigrants, with ICE expecting to remove about 400,000 individuals in 2010. The total is nearly ten percent above the Bush administration’s 2008 sum and twenty-five percent more than were deported in 2007. According to ICE, the increase has been partly a result of deporting those persons picked up for other crimes and expanding the search through prisons and jails for deportable immigrants already in custody. “Unlike the former worksite raids that led to arrests and deportation, the ’silent raids,’ or audits of companies’ records by federal agents, usually result in firings.” “Just 765 undocumented workers have been arrested at their jobs in 2010 through early summer, compared with 5,100 in 2008, according to Department of Homeland Security figures.”
However, as we see from the Contreras family’s plight, the Obama administration’s focus-on-employers-rather-than-workers strategy in fact falls squarely on the shoulders of the workers. Immigration raids at factories and farms have been replaced with a quieter enforcement strategy: sending federal agents to scour companies’ records for undocumented immigrant workers. “While the sweeps of the past commonly led to the deportation of such workers, the ’silent raids,’ as employers call the audits, usually result in the workers being fired, although in many cases they are not deported.” The idea is that if the workers cannot work, they will self-deport, leaving on their own. However, they actually do not leave because they need to work. They become more desperate and take jobs at lower wages. Given the increasing scale of enforcement, this can lead to an overall reduction in the average wage level for millions of workers, which is, in effect, a subsidy to employers. Over a twelve-month period, ICE conducted audits of employee files at more than 2900 companies. “The agency levied a record $3 million in civil fines [in the first six months of 2010] on businesses that hired unauthorized immigrants, according to official figures.” Thousands of workers were fired.
Employers say the audits reach more companies than the work-site roundups of the Bush administration. The audits force businesses to fire every suspected undocumented worker on the payroll-not just those who happened to be on duty at the time of a raid-and make it much harder to hire other unauthorized workers as replacements. Auditing is effective in getting unauthorized workers fired for sure.
Consider other examples. An audit of Gebbers Farms in the orchard town of Brewster, Washington yielded results that were similar to what happened at American Apparel. Immigration inspectors scoured the records of Gebbers Farms and found evidence that approximately 550 of its workers, mostly immigrants from Mexico, did not have proper documentation. So, those workers were fired. ICE officials also pressured one of San Francisco’s major building service companies, ABM, into firing hundreds of its own workers last spring. ICE agents told ABM that they had flagged the personnel records of those workers. Weeks earlier, the agents sifted through Social Security records, and the I-9 immigration forms all workers have to fill out when they apply for jobs. They then told ABM that the company had to fire 475 workers who were accused of lacking legal immigration status. Similar ICE actions resulted in the firing of 1200 ABM janitors in Minneapolis, and 100 janitors in Seattle in the Fall of 2009.
Echoing President Obama’s theme of focusing on employers who use undocumented workers to “drive down wages” and “mistreat” workers, ICE chief John Morton says the agency is looking primarily for “‘egregious employers’ who commit both labor abuses and immigration violations.” But American Apparel, ABM, and Gebbers Farms do not appear to fit that profile.
While American Apparel is a huge corporation that makes hundreds of millions of dollars a year, the workers dismissed were “long-term employees being paid decent wages.” “The company is proud of their ‘Made in America’ labels” and had a reputation for paying more than most garment shops. Before the audit, its CEO, Dov Charney, took to the streets and stood shoulder to shoulder with workers in protesting and demanding legalization for workers who have been “victimized by our broken immigration system.”
Similarly, Gebbers Farms had a general reputation for “doing right by their employees.” “It built housing and soccer fields for its workers and, unlike many other growers, provides stable year-round work.” “After the firings, Gebbers Farms advertised hundreds of jobs for orchard workers. But there were few takers in the state.” Finally, the employer applied to the federal guest worker program to import about 1200 legal temporary workers - most from Mexico. “The guest workers, who can stay for up to six months, also included about 300 from Jamaica.” This was an implementation of the Chertoff strategy, “open the front door and you shut the back door.” The unspoken rationale for the audits is revealed-force employers to use guest worker programs.
As for ABM, the building service has been a union company for decades, and many of the workers had been there for years. According to Olga Miranda, President of Service Employees Local 87: “They’ve been working in the buildings downtown for fifteen, twenty, some as many as twenty-seven years. They’ve built homes. They’ve provided for their families. They’ve sent their kids to college. They’re not new workers. They didn’t just get here a year ago.”
The audit-and-fire strategy was initiated early in the Obama administration. For example, in May 2009, 254 workers at Overhill Farms in Los Angeles were fired under similar circumstances. The company, with over 800 employees, was audited by the Internal Revenue Service earlier that year. According to John Grant, Packinghouse Division Director for Local 770 of the United Food and Commercial Workers, which represents production employees at the food processing plant, “they found discrepancies in the Social Security numbers of many workers. Overhill then sent a letter . . . to 254 people-all members of our union-giving them thirty days to reconcile their numbers.”
On May 2, the company stopped the production lines and sent everyone home, saying, there would be no work until “they called us to come back.” For 254 people that call never came. According to a spokesman for Overhill Farms, “the company was required by federal law to terminate these employees because they had invalid Social Security numbers. To do otherwise would have exposed both the employees and the company to criminal and civil prosecution.”
The softer, gentler approach to employer sanctions enforcement implemented by the Obama administration may appear more humane on the surface. After all, auditing and firing is accomplished without guns, handcuffs, or detention. However, the result-loss of work-is not necessarily softer or gentler for the thousands of fired workers who have been working to support their families.
Employer sanctions are of relative recent vintage in the nation’s immigration laws. In the climate of heightened concerns over the number of undocumented workers (predominantly Mexican) in the United States in the 1970’s and early 1980’s, estimates of up to nine million undocumented people residing in the country were offered to demonstrate that immigration enforcement efforts were ineffectual. Policymakers proposed addressing the situation from a new angle-by penalizing employers who were hiring undocumented workers, through what came to be called “employer sanctions.” “By 1986, employer sanctions had become part of the nation’s immigration laws. The passage of the Immigration Reform and Control Act (IRCA) represented the culmination of years of social, political, and congressional debate about the perceived lack of control over the U.S. southern border.” “The belief that something had to be done about the large numbers of undocumented workers who had entered the United States from Mexico in the 1970s was reinforced by the flood of Central Americans who began to arrive in the early 1980s.” While the political turmoil of civil war in El Salvador, Guatemala, and Nicaragua drove many Central Americans from their homeland, they, along with the Mexicans who continued to arrive, were generally labeled “economic migrants” by the Reagan administration, the Immigration and Naturalization Service, and the courts.
The idea of employer sanctions was not new.
In 1952-when the immigration laws were overhauled to clamp down on subversives and Communists-a provision outlawing willful importation, transportation, or harboring of undocumented aliens was debated; one amendment proposed imposing criminal penalties for the employment of undocumented aliens if the employer had “reasonable grounds to believe a worker was not legally in the United States.”
Not only was the amendment soundly defeated, but the following language was added to the final legislation: “for the purposes of this section, employment (including the usual and normal practices incident to employment) shall not be deemed to constitute harboring.” For the time being, we were not about to punish U.S. employers who might be benefiting from the labor of low-wage, undocumented workers. “Beginning in 1971, legislative proposals featuring employer sanctions as a centerpiece reappeared and were touted as the tool needed to resolve the undocumented alien problem.” Resolving the “problem” of undocumented people essentially meant forcing them to leave the country by denying them the ability to work, and therefore to eat, pay rent, or support themselves and their families. By the end of the Carter administration in 1980, the Select Commission on Immigration and Refugee Policy portrayed the legalization of people already here as a necessary balance to sanctions, which, presumably, would discourage more undocumented people from coming in the future.
Within thirty years of the 1952 rejection of employer sanctions, Congress believed that most Americans were convinced that a crisis over undocumented immigration-especially undocumented Mexican migration-existed and that something had to be done. By 1986 federal employer sanctions were enacted as the major feature of reform. By a bare swing vote of only four members of the House of Representatives, legalization (or amnesty) provisions were also made part of the package to address the undocumented immigrant issue.
Although on paper it appeared that a deal involving employer sanctions for amnesty had been struck, there was not political trade-off; IRCA would have gone forward if legalization were dropped by the House, and its effective implementation in the hands of an inept Immigration and Naturalization Service was seriously in doubt.
The efficacy of employer sanctions in reducing undocumented migration is hotly debated. Proponents of increased enforcement note that few employers have been fined or punished since 1986. That view, however, fails to note that hundreds of thousands of workers have been fired. In fact, punishing employers, or threatening to do so, was always simply a mechanism to criminalize work for the workers themselves, and thereby force them to leave the country, or not to come in the first place.
In addition to the many social and economic phenomena that historically cause undocumented migration to the United States from Mexico, we now know that NAFTA and the effects of globalization create great migration pressures on Mexicans. The push-pull factors are strong. As the Mexican consul from Douglas, Arizona once noted, the border could be “mined” and migrants would still attempt to cross. As Renee Saucedo points out: “So long as we have trade agreements like NAFTA that create poverty in countries like Mexico, people will continue to come here, no matter how many walls we build.” Consider Ismael Rojas, who left his family in Mexico many times over a twenty-five-year period to work in the United States as an undocumented worker. In his words, “you can either abandon your children to make money to take care of them, or you can stay with your children and watch them live in misery. Poverty makes us leave our families.”
Utilizing employer sanctions to address the phenomenon of Mexican migration in this context of poverty and globalization causes misery for workers, but does not reduce migration. Arresting and deporting workers for working without authorization as a means of discouraging them from coming here for a better life simply cannot be effective in the face of such grave economic and social forces. We also need to ask ourselves whether we can really justify punishing workers who are here because of the effects of many U.S. economic policies.
Another problem with employer sanctions is the discrimination that results. Long before the recent evaluation of the discriminatory effects of the E-Verify program, discrimination was rampant. In its final report to Congress on employer sanctions in 1990, the Government Accounting Office estimated that of 4.6 million employers in the United States, 346,000 admitted applying IRCA’s verification requirements only to job applicants who had a “foreign” accent or appearance. Another 430,000 employers only hired applicants born in the United States or did not hire applicants with temporary work documents in order to be cautious.
Direct and indirect recruitment of Mexican workers has continued in spite of the implementation of employer sanctions legislation in 1986. In 2001, researchers continued to identify organized groups of farm labor contractors who travel to Mexican cities and towns, where they offer loans and work guarantees to convince potential farm workers to cross the border into the United States. The process involves well-organized networks of contractors and contractor agents representing major U.S. agricultural companies. The headhunters are themselves often Mexicans who recruit in their own hometowns and farming communities where earning the trust of eager farm hands is not difficult. One of the contractors’ favorite tactics to attract workers is to offer them loans to help pay off debts, coupled with a pledge to find work for the person north of the border. Many U.S. companies rely on these networks of recruiters.
Even a cursory review of the ICE raids in the past few years reveals an obvious disparity in the targeting of undocumented workers over the employers who hire them. Anyone who sympathizes with the undocumented worker’s position but feels that “the law is the law” must hold employers to that same standard. That means demanding the enforcement of labor laws against unscrupulous employers who take advantage of low-income workers-documented or undocumented. All too often, the undocumented workforce that has been paid less than minimum wage for work conditions that violate health and safety standards is hauled away, and the employer receives no punishment. Instead of deporting the workers, we should remove the barriers that stand in the way of their efforts to place pressure on the employers to improve wage and work conditions. In the process, the jobs may, in fact, become more attractive to native workers-something that, ironically, anti-immigrant forces want.
In 2009, Ken Georgetti, president of the Canadian Labour Congress, and John Sweeney, president of the AFL-CIO, wrote to President Obama and Canadian Prime Minister Harper, reminding them that, “the failure of neoliberal policies to create decent jobs in the Mexican economy under NAFTA has meant that many displaced workers and new entrants have been forced into a desperate search to find employment elsewhere. . . . We believe that all workers, regardless of immigration status, should enjoy equal labor rights. . . . We also support an inclusive, practical and swift adjustment of status program, which we believe would have the effect of raising labor standards for all workers.”
While employer sanctions have little effect on migration, they have made workers more vulnerable to employer pressure. Because working is illegal for them, undocumented workers fear protesting low wages and bad conditions. Employer sanctions bar them from receiving unemployment and disability benefits, although they make payments for them. If they get fired for complaining or organizing it’s much harder to find another job. Despite these obstacles, immigrant workers, including the undocumented, have asserted their labor rights, organized unions, and won better conditions. But employer sanctions have made this harder and riskier.
Using Social Security numbers to verify immigration status has led to firing and blacklisting many union activists. Even citizens and permanent residents feel this impact, because in our diverse U.S. workplaces immigrant and native-born workers work together. Making it a crime for one group to enforce the law or use their rights has simply created obstacles for everyone else. Unions now have greater difficulty defending the rights of their own members or organizing new ones. The exploitation of the undocumented workforce will only end if workers are free to make complaints and organize.
Eliminating the undocumented workforce without providing an avenue for their labor to be utilized in the United States, also would have devastating economic consequences. Data reveal many U.S. job categories that rely on the undocumented workforce. Gordon Hanson’s findings for the Council on Foreign Relations support these arguments. He notes that between 1960 and 2000 the number of U.S. residents with less than twelve years of schooling fell from fifty percent to twelve percent.
Arizona stands to see the negative effects of massive exclusion of an undocumented workforce. Before the state’s enactment of its “Legal Workers Arizona Act” in 2007, the state experienced decades worth of growth, boosted by its estimated twelve percent undocumented labor force. The new law caused many headaches and loss of production for Arizona employers who need workers. Also, we should not lose sight of the fact that immigrants are consumers as well. Their consumption creates demand for certain goods and services, which in turn creates jobs.
President Obama says employer sanctions enforcement targets employers “who are using illegal workers in order to drive down wages-and oftentimes mistreat those workers.” An ICE Worksite Enforcement Advisory claims “ICE . . . investigates employers who employ force, threats or coercion . . . in order to keep the unauthorized alien workers from reporting substandard wage or working conditions.” One has to wonder whether firing or deporting workers who endure them actually helps to cure such conditions. Also, consider the workers whom ICE has been targeting under the Obama approach. Workers at Smithfield were trying to organize a union to improve conditions. Overhill Farms has a union. American Apparel pays better than most garment factories. The ABM workers in San Francisco, and another 1200 fired janitors in Minneapolis, were union members who were receiving a higher wage than non-union workers-and they had to strike to win it.
ABM is one of the largest building service companies in the country, and it appears that union janitorial companies are the targets of the Obama administration’s immigration enforcement program. A frustrated union official points out that,
Homeland Security is going after employers that are unions. . . . They’re going after employers that give benefits and are paying above the average. . . . What kind of economic recovery goes with firing thousands of workers? Why don’t they target employers who are not paying taxes, who are not obeying safety or labor laws?
The 1200 fired janitors in Minneapolis belonged to SEIU Local 26, the 475 janitors in San Francisco were from Local 87, and 100 janitors working for Seattle Building Maintenance fired in November 2009 belonged to Local 6.
And despite Obama’s contention that sanctions enforcement will punish those employers who exploit immigrants, employers are rewarded for cooperating with ICE by being immunized from prosecution. Javier Murillo, president of SEIU Local 26, says, “[t]he promise made during the audit is that if the company cooperates and complies, they won’t be fined. So this kind of enforcement really only hurts workers.”
Workers fired at Overhill Farms accuse the company of hiring replacements, classified as “part timers,” who do not receive the benefits in the union contract. By firing regular workers who were being paid benefits, the company was able to save “a lot of money.”
The history of workplace immigration enforcement is filled with examples of employers who use audits and discrepancies as pretexts to discharge union militants or discourage worker organization. The sixteen-year union drive at the Smithfield pork plant in North Carolina, for instance, saw a raid, and the firing of fifty workers for bad Social Security numbers. ICE’s campaign of audits and firings, which SEIU Local 26’s Murillo calls “the Obama enforcement policy,” targets the same set of employers the Bush raids went after-union companies or those with organizing drives. If anything, ICE seems intent on punishing undocumented workers who earn too much, or become too visible by demanding higher wages and organizing unions.
This growing wave of firings is provoking sharp debate in unions, especially those with large immigrant memberships. Many of the food processing workers at Overhill Farms and ABM’s janitors have been dues-paying members for years. They expect the union to defend them when the company fires them for lack of status. “The union should try to stop people from losing their jobs,” protests Erlinda Silerio, an Overhill Farms worker.
“It should try to get the company to hire us back, and pay compensation for the time we’ve been out.” At American Apparel, although there was no union, some workers had actively tried to form one in past years. Jose Covarrubias got a job as a cleaner when the garment union was helping them organize. “I’d worked with the International Ladies’ Garment Workers and the Garment Workers Center before,” he recalls, “in sweatshops where we sued the owners when they disappeared without paying us. When I got to American Apparel I joined right away. I debated with the non-union workers, trying to convince them the union would defend us.”
The Obama approach ends up promoting a guest worker program akin to his predecessor’s vision. As we have seen, at Gebbers Farms, there really were no takers among the native work force, and guest workers were brought in. Remarks by President Bush’s DHS Secretary Michael Chertoff in 2008 were revealing: “[T]here’s [an] obvious[] . . . solution to the problem of illegal work, which is you open the front door and you shut the back door . . . .” “Opening the front door” allows employers to recruit workers to come to the United States, giving them visas that tie their ability to stay to their employment. And to force workers to come through this system, “closing the back door” criminalizes migrants who work without “work authorization.” As Arizona Governor, DHS Secretary Janet Napolitano supported this arrangement, signing the state’s own draconian employer sanctions bill, while supporting guest worker programs.
In its final proposal to “shut the back door,” the Bush administration announced a regulation requiring employers to fire any worker whose Social Security number did not match the Social Security Administration’s database. Social Security no-match letters do not currently require employers to fire workers with mismatched numbers, although employers have nevertheless used them to terminate thousands of people. President Bush would have made such terminations mandatory.
Unions, the ACLU, and the National Immigration Law Center got an injunction to stop the rule’s implementation in the summer of 2007, arguing it would harm citizens and legal residents who might be victims of clerical mistakes. In July 2009, the Obama administration decided not to contest the injunction. But while dropping Bush’s regulation, DHS announced it would beef up the use of the E-Verify electronic database, arguing that it’s more efficient in targeting the undocumented.
Social Security, however, continues to send no-match letters to employers, and the E-Verify database is compiled, in part, by sifting through Social Security numbers, looking for mismatches. DHS Secretary Janet Napolitano called on employers to screen new hires using E-Verify, and said those who do so will be entitled to put a special logo on their products stating “I E-Verify.” And although the final regulations never took effect, DHS says an employer’s failure to adequately follow up on a no-match letter can constitute evidence of or contribute to an employer’s knowledge of an employee’s unauthorized status.
The twelve million undocumented people in the United States, spread in factories, fields, and construction sites throughout the country, encompass lots of workers. Many are aware of their rights and anxious to improve their lives. National union organizing campaigns, like Justice for Janitors and Hotel Workers Rising, depend on the determination and activism of these immigrants, documented and undocumented alike. That reality finally convinced the AFL-CIO in 1999 to reject the federation’s former support for employer sanctions and call for repeal. Unions recognized that sanctions enforcement makes it much more difficult for workers to defend their rights, organize unions, and raise wages.
Opposing sanctions, however, puts labor in opposition to the current administration, which it helped elect. Some Washington D.C. lobbying groups have decided to support the administration policy of sanctions enforcement instead. One of them, Reform Immigration for America, says, “any employment verification system should determine employment authorization accurately and efficiently.” Verification of authorization is exactly what happened at American Apparel and ABM, and inevitably leads to firings. The AFL-CIO and the Change to Win labor federation this spring also agreed on a new immigration position that supports a “secure and effective worker authorization mechanism . . . one that determines employment authorization accurately while providing maximum protection for workers.”
Jose Covarrubias, one of the fired American Apparel workers, is left defenseless by such protection, however. Instead, he says, “we need the unity of workers. There are 15 million people in the AFL-CIO. They have a lot of economic and political power. Why don’t they oppose these firings and defend us?” he asks. “We’ve contributed to this movement for 20 years, and we’re not leaving. We’re going to stay and fight for a more just immigration reform.”
Anyone who is opposed to racial profiling and racially discriminatory enforcement of laws should be concerned about the Obama employer sanctions enforcement strategy. As in the case of the Bush-style ICE raids, the Obama audit-style approach that has resulted in layoffs of thousands of workers has preyed almost exclusively on Latino workers. The racial effects should not be facilely cast aside.
As we have argued elsewhere, racism against Latinos has been institutionalized in the enforcement of U.S. immigration laws. In contemporary terms and within the black-white paradigm in the United States, institutional racism is understood to have resulted from the social caste system that sustained, and was sustained by, slavery and racial segregation. Although the laws that enforced this caste system are no longer in place, one can argue that its basic structure still stands to this day. So today, one might claim that institutionalized racism deprives a racially identified group, usually defined as generally inferior to the defining dominant group, equal access to education, medical care, law, politics, housing, and the like.
“By understanding the fundamental principles of institutionalized racism we begin to see the application of the concept beyond the conventional black-white paradigm.” Institutional racism embodies discriminating against certain groups of people through the use of biased laws or practices.
Structures and social arrangements become accepted, and they operate and are manipulated in such a way as to support or acquiesce in acts of racism. Institutional racism can be subtle and less visible, but is no less destructive to human life and human dignity than individual acts of racism.
The forces of racism have become embodied in U.S. immigration laws. As these laws are enforced, they are accepted as common practice, in spite of their racial effects. We may not like particular laws or enforcement policies because of their harshness or their violations of human dignity or civil rights, but many of us do not sense the inherent racism because we are not cognizant of the dominant racial framework. “Understanding the evolution of U.S. immigration laws and enforcement provides us with a better awareness of [what is happening and] the institutional racism that controls those policies.”
Rightly or wrongly, today the so-called “illegal immigration” problem has become synonymous with the control, or lack thereof, of the southwest border. “As such, the ‘problem’ is synonymous with Mexican migration, and Mexican immigrants have come to be regarded by many anti-immigrant voices as the enemy.” The anti-immigrant activists do not regard themselves as racist; they view themselves as the voice for law and order.
“The history of the border, labor recruitment and border enforcement explains how the institutionalization of anti-Mexican immigration policies have created the structure to allow these voices to claim racial and ethnic neutrality and for many Americans accept that claim.”
The current numerical limitation system, while not explicitly racist, operates in a manner that severely restricts immigration from Mexico and the high-visa-demand countries of Asia. The 1965 amendments represented a welcome change, but the new law was no panacea. President John F. Kennedy originally had proposed a large pool of immigration visas to be doled out on a first-come, first-serve system without country quotas. If implemented, the system immediately would have facilitated the entry of large numbers of Asian immigrants, because a first-come, first-serve system would benefit countries with the biggest demand. After JFK’s assassination, his brother, Ted, and President Lyndon Johnson continued to promote the legislation. However, JFK’s egalitarian vision did not survive the political process. Instead, a system that included per country caps of approximately 20,000 visas for each country outside the Western Hemisphere was established in the 1965 immigration act, with only 200 visas available for territories such as Hong Kong. An Eastern Hemisphere numerical limitation of 170,000 visas was established.
Between 1965 and 1976, while the rest of the world enjoyed an expansion of numerical limitations and a definite preference system, Mexico and other countries of the Western Hemisphere were suddenly faced with numerical limitations for the first time. These countries had to share a quota of 120,000. The system was first-come, first-serve system, with Mexico taking a big share of the 120,000, more than 40,000 each year because of its high visa demands. Applicants had to meet strict labor certification requirements, but waivers were available to certain applicants like parents of U.S. citizen children; many Mexicans qualified for that waiver. As one might expect, given the new numerical limitations but large visa demands, by 1976 the Western Hemisphere system resulted in a severe backlog of approximately three years and a waiting list with nearly 300,000 names.
As the framework resulted in growing visa backlogs for Western Hemisphere countries, things got worse in 1977. Congress altered the Western Hemisphere system yet again, imposing the same preference system and a 20,000 visa per country numerical limitation that the rest of the world first confronted in 1965. Thus, Mexico’s annual visa usage rate (more than 40,000) was virtually sliced in half overnight, and thousands were left stranded on the old system’s waiting list.
Today’s selection system simply does not have room for many relatives because of numerical limitations or those who are simply displaced workers. They do not qualify for special visas set aside for professionals and management employees of multi-national corporations or those visas that require substantial funds for investment. Similarly, the system has no slot for anyone whose livelihood is controlled by trade agreements and globalization that cause job loss in low-income regions, as multi-national corporations, the beneficiaries of free trade, relocate to other sites where their production costs are cheaper.
The system results in severe backlogs in certain family immigration categories-particularly for spouses, unmarried sons and daughters of lawful permanent residents, and siblings of U.S. citizens. For some countries, such as the Philippines and Mexico, the waiting periods for certain categories are ten to twenty years! Given the severe backlogs and the continuing allure of the United States (not simply in terms of economic opportunities, but because relatives are already here due to recruitment efforts or political stability), many would-be immigrants are left with little choice. Inevitably they explore other ways of entering the United States without waiting. By doing so, they fall into the jaws of the immigration exclusion laws that provide civil and criminal penalties for circumventing the proper immigration procedures.
The basic civil sanction of removal (deportation) applies to individuals who fall into the immigration trap of following their instincts to reunite with families or to seek economic opportunities. The categories of deportable aliens include the following persons: those who are in the United States in violation of the immigration laws (e.g., entry without inspection, false claim to citizenship); those non-immigrants who overstay their visas or work without authorization; those who have helped others enter (smuggled) without inspection; and, those who are parties to sham marriages.
Additional civil penalties, including fines, can be imposed for forging or counterfeiting an immigration document, failing to depart pursuant to a removal order, entering without inspection, and entering into a sham marriage.
Congress also has enacted criminal provisions that go far beyond the civil sanction of removal and monetary fines for many of these actions. For example, the following acts are criminalized (subject to imprisonment and/or monetary fines): falsifying registration information about the family; any bringing in (smuggling), transporting, or harboring (within the United States) of an undocumented alien (including family members); entry without inspection or through misrepresentation; the reentry of an alien (without permission) who previously has been removed or denied admission; and, making a false claim of U.S. citizenship.
So given insufficient supply of immigrant visas to satisfy the demands for family reunification, and no supply for simple, displaced working class workers, the action of traveling to the United States by circumventing the current structure can easily result in civil and, at times, criminal liability.
The migrants who fall into those groups are from the countries whose family immigration quotas are oversubscribed or whose economy has been damaged by globalization and free trade. Those countries are primarily Asian and Latin.
It does not take long to realize that while immigration laws and enforcement policies have evolved in a manner that continues to prey on Mexicans, Asians, and other Latin migrants, the relationship of those laws and policies with other racialized institutions underscores the structural challenges that immigrants of color face. Consider NAFTA and the World Trade Organization. For example, NAFTA has placed Mexico at such a competitive disadvantage with the United States in the production of corn that Mexico now imports most of its corn from the United States, and Mexican corn farm workers have lost their jobs. The U.S.-embraced World Trade Organization, which advocates global free trade, favors lowest-bid manufacturing nations like China and India, so that manufacturers in a country like Mexico cannot compete and must lay off workers. Is there little wonder that so many Mexican workers look to the United States for jobs, especially when so many of the multi-national corporations and companies that benefit from free trade are headquartered here?
Think also of refugee resettlement programs as an institution. “When Southeast Asian refugees are resettled in public housing or poor neighborhoods, their children find themselves in an environment that can lead to bad behavior or crime.” Refugee parents, like other working class immigrant parents, often work long hours and their children are left unsupervised. And consider U.S. involvement in wars and civil conflict abroad. The institution of war itself produces refugees. U.S. participation in civil conflict in countries like Guatemala and El Salvador produced refugees in the 1980s. But think also of U.S. involvement in places like southeast Asia, and now Afghanistan and Iraq, that also has produced involuntary migrants of color to our shores.
Other racialized institutions that interact with immigration laws and enforcement also come to mind: think of the criminal justice system, poor neighborhoods, and inner city schools. Even coming back full circle to enslavement of people-today’s human trafficking institutions-we begin to realize a sad interaction with immigration laws that require greater attention. These institutions can all lead to situations that spell trouble within the immigration enforcement framework.
Thus, the immigration admission and enforcement regimes may appear neutral on their face, but they have evolved in a racialized manner, and when the immigration framework interacts with other institutions such as the criminal justice system, NAFTA, globalization, poor neighborhoods, and schools in which many immigrants and refugees are situated, you realize that the structure generates racial group disparities as well. NAFTA and globalization provide a major reason why many migrants of color cannot remain in their native countries if they are to provide for their families. The criminal justice system and poverty prey heavily on poor communities of color, leading to deportable offenses if defendants are not U.S. citizens.
The construction of the U.S. immigration policy and enforcement regime has resulted in a framework that victimizes Latin and Asian immigrants. These immigrants of color ended up being the subject of ICE raids during the Bush administration. They are the ones who comprise the immigration visa backlogs. They are the ones that attempt to traverse the hostile southwest border. Today, Latino and Latina workers are the primary victims of the Obama audit strategy.
Their victimization has been institutionalized. Thus, any complaint about immigrants-fiscal or social-can be voiced in non-racial, rule-of-law terms because the institution has masked the racialization with laws and operations that are couched in non-racial terms. Anti-immigrant pundits are shielded from charges of racism by labeling their targets “law breakers” or “unassimilable.” Deportation, detention, and exclusion at the border can be declared race-neutral by the DHS because the system already has been molded by decades of racialized refinement. Officials are simply “enforcing the laws.” The victimization of Latinos by immigration laws and enforcement policies has been normalized, allowing Americans to accept statistics about disproportionality (just as they have with respect to racial inequities in, for example, the educational or criminal justice systems) as “just the way things are.” Like white privilege, institutionalized racism generally goes unrecognized by those who are not negatively impacted.
We should know better. The cards are stacked against Latin migrants-especially Mexicans. The immigration law and enforcement traps are set through a militarized border practice and an anachronistic visa system. It’s no surprise that Mexican immigrants are the victims of those traps. They have been set up by the vestiges of a border history of labor recruitment like the Bracero Program, Supreme Court deference to enforcement, and border militarization that laid the groundwork for current laws and enforcement policies. The resulting practice can be implemented through seemingly non-racial provisions and operations that actually result in severe racist outcomes.
Wanting more blood, some on the right complain that the Obama employer sanctions “silent raid” approach is too soft, because although the workers get fired, they do not get deported. They claim that “there is no drama, no trauma, no families being torn apart, no handcuffs.” No trauma? Consider the fired San Francisco janitors who faced an agonizing dilemma. Should they turn themselves in to Homeland Security, who might charge them with providing a bad Social Security number to their employer, hold them for deportation, and even send them to prison, as was done with workers in Iowa and Howard Industries in Mississippi? For workers with families, homes and deep roots in a community, it simply is not possible to just walk away and disappear. As SEIU Local 87 president, Olga Miranda, points out: “I have a lot of members who are single mothers whose children were born here. I have a member whose child has leukemia. What are they supposed to do? Leave their children here and go back to Mexico and wait? And wait for what?”
Union leaders like Miranda see a conflict between the rhetoric used by the President and other Washington D.C. politicians and lobbyists in condemning the Arizona law, and the immigration proposals they make in Congress. “There’s a huge contradiction here,” she says. “You can’t tell one state that what they’re doing is criminalizing people, and at the same time go after employers paying more than a living wage and the workers who have fought for that wage.”
Renee Saucedo, attorney for La Raza Centro Legal and former director of the San Francisco Day Labor Program, is even more critical. “Those bills in Congress, which are presented as ones that will help some people get legal status, will actually make things much worse. We’ll see many more firings like the janitors here, and more punishments for people who are just working and trying to support their families.”
Nevertheless, whether or not they are motivated by economic gain or anti-union animus, the current firings highlight larger questions of immigration enforcement policy. Nativo López, director of the Hermandad Mexicana Latinoamericana, a grassroots organizer who organized protests against the firings at Overhill Farms and American Apparel, puts it this way:
“These workers have not only done nothing wrong, they’ve spent years making the company rich. No one ever called company profits illegal, or says they should give them back to the workers. So why are the workers called illegal? Any immigration policy that says these workers have no right to work and feed their families is wrong and needs to be changed.”
Whatever President Obama or Secretary Napolitano may claim about punishing exploitative employers, employers who cooperate with the audit initiative seem to evade sanctions. ICE threatened to fine Dov Charney, American Apparel’s owner, but then withdrew the threat. As a result, it’s the fired workers who are punished, as the employers escape fines in exchange for cooperation.
And the justification for hurting workers is also implicit in the policy announced on the White House website, “remove incentives to enter the country illegally.” This was the original justification for employer sanctions in 1986-if migrants cannot work, they will not come. Of course, people did come, because at the same time Congress passed IRCA, it also began debate NAFTA. That virtually guaranteed future migration. Since NAFTA went into effect in 1994, millions of Mexicans have been driven by poverty across the border. The real questions we need to ask are what uproots people in Mexico, and why U.S. employers rely so heavily on low-wage workers.
Arguably, no one in the Obama or Bush administrations, or the Clinton administration before them, wants to stop migration to the United States or imagines that this could be done without catastrophic consequences. The very industries they target for enforcement are so dependent on the labor of migrants they would collapse without it. Instead, immigration policy and enforcement consigns those migrants to an “illegal” status, and undermines the price of their labor. Enforcement is a means for managing the flow of migrants and making their labor available to employers at a price they want to pay.
In 1998, the Clinton administration mounted the largest sanctions enforcement action to date, in which agents sifted through the names of 24,310 workers in forty Nebraska meatpacking plants. They then sent letters to 4762 workers, saying their documents were bad, and over 3500 were forced from their jobs. Mark Reed, who directed “Operation Vanguard,” claimed it was really intended to pressure Congress and employer groups to support guest worker legislation. “We depend on foreign labor,” he declared. “If we don’t have illegal immigration anymore, we’ll have the political support for guest workers.”
Increased ICE raids, stepped up border enforcement, and employer sanctions have not reduced undocumented immigration to the United States. The failure of these harsh efforts must teach us something. The enforcement-only approach has resulted in human tragedy, increased poverty, and family separation, while undocumented workers continue to flow into the United States. This is a challenge that requires us to understand why workers come here and to address the challenge in a more sensible manner.
The inhumanity of the situation is apparent to many. As Tom Barry puts it, “we are wasting billions of dollars at home in what has become a war on immigrants. The collateral costs of this anti-immigrant crackdown-including labor shortages, families torn apart by deportations, overcrowded jails and detentions centers, deaths on the border, courts clogged with immigration cases, and divided communities-are also immense.”
And the New York Times mourns that after we get through this period of the “Great Immigration Panic,” “someday, the country will recognize the true cost of its war on illegal immigration. We don’t mean dollars, though those are being squandered by the billions. The true cost is to the national identity: the sense of who we are and what we value. It will hit us once the enforcement fever breaks, when we look at what has been done and no longer recognize the country that did it.”
It’s time to come to our senses and realize that the enforcement plus guest worker approach has failed. The rise of employer sanctions enforcement causes hardship for our fellow human travelers who only seek an opportunity to work to feed their families at an honest day’s wage. While employer sanctions enforcement has risen, we pray for its fall.
Undocumented migration is the result of factors and phenomena way beyond the control of intimidation, guns, and militarization. The time to get smart has arrived; we must begin considering more creative approaches by understanding the forces at work.
Our current policies produce displaced people in Mexico, criminalize them once they arrive in the United States, and view them simply as a source of cheap labor for employers. We need to see migrants as human beings first and then formulate a policy to protect their human and labor rights, along with those of other working people in this country. Repealing employer sanctions is critical in moving us in that direction.
http://www.indypendent.org/2011/01/12/the-rise-and-fall-of-employer-sanctions/
Truthout.com
January 12, 2011
Ana Contreras would have been a competitor for the national tai kwon do championship team in 2009. She was fourteen years old. For six years she went to practice instead of birthday parties, giving up the friendships most teenagers live for. Then in October 2009, disaster struck. Her mother Dolores lost her job. The money for classes was gone, and not just that. “I only bought clothes for her once a year, when my tax refund check came,” Dolores Contreras explains. She continues:
Now she needs shoes, and I had to tell her we didn’t have any money. I stopped the cable and the internet she needs for school. When my cell phone contract is up next month, I’ll stop that too. I’ve never had enough money for a car, and now we’ve gone three months without paying the light bill.
Dolores Contreras shared her misery with eighteen hundred other families. All lost their jobs when their employer, American Apparel, fired them for lacking immigration status. For months she carried around the letter from the Department of Homeland Security (DHS), handed to her by the company lawyer. It says the documents she provided when she was hired were no good, and without work authorization, her work life was over.
Of course, it was not really over. Contreras still had to keep working if she and her daughter were to eat and pay rent. So instead of a job that barely paid her bills, she was forced to find another one that would not even do that.
Contreras is a skilled sewing machine operator. She came to the United States thirteen years earlier, after working many years in the garment factories of Tehuacan, Puebla, Mexico. There, companies like Levis make so many pairs of stonewashed jeans that rumor has it the town’s water has turned blue. In Los Angeles, Contreras hoped to find the money to send home for her sister’s weekly dialysis treatments, and to pay the living and school expenses for four other siblings. For five years she moved from shop to shop. Like most garment workers, she did not get paid for overtime, her paychecks were often short, and sometimes her employer disappeared overnight, owing weeks in back pay.
Finally Contreras got a job at American Apparel, famous for its sexy clothing, made in Los Angeles instead of overseas. She still had to work like a demon. Her team of ten experienced seamstresses turned out thirty dozen tee shirts an hour. After dividing the piece rate evenly among them, she would come home with $400 for a four-day week, after taxes. She paid Social Security too, although she will never see a dime in benefits because her contributions were credited to an invented number.
Now Contreras is working again in a sweatshop at half what she earned before. Meanwhile, American Apparel took steps to replace those who were fired. Contreras says they are mostly older women with documents, who cannot work as fast. “Maybe they sew 10 dozen a day apiece,” she claims. “The only operators with papers are the older ones.” Younger, faster workers either have no papers, or if they have them, they find better-paying jobs doing something easier. “President Obama is responsible for putting us in this situation,” she charges angrily. “This is worse than an immigration raid. They want to keep us from working at all.”
Contreras is right. The White House website says, “President Obama will remove incentives to enter the country illegally by preventing employers from hiring undocumented workers and enforcing the law.” In June 2009, he told Congress members that the government will be “cracking down on employers who are using illegal workers in order to drive down wages-and oftentimes mistreat those workers.”
The law Obama is enforcing is the 1986 Immigration Reform and Control Act, which requires employers to keep records of workers’ immigration status, and prohibits them from “knowingly hiring” those who have no legal documents, or “work authorization.” In effect, the law made it a crime for undocumented immigrants to work. This provision, employer sanctions, is the legal basis for all the workplace immigration raids and enforcement for a quarter century and now for Obama’s auditing of employment records. The end result is the same: workers lose their jobs. Sanctions pretend to punish employers, but in reality, they punish workers.
I. Obama’s Interior Enforcement Strategy
Workplace Immigration and Customs Enforcement (ICE) raids by gun-wielding agents resulting in the mass arrests of dozens and sometimes hundreds of employees that were common under the George W. Bush administration appear to have ceased under the Obama administration. Legally questionable mass arrests continue to occur in neighborhoods under the pretext of serving warrants on criminal aliens. However, disruptive, high-profile worksite raids appear to have subsided. When a Bush administration-style ICE raid took place in Washington State in February 2009 soon after Janet Napolitano took the helm as Secretary of the Department of Homeland Security (DHS), she expressed surprise and ordered an investigation. These types of raids were not in her strategy plan she noted; instead enforcement in her regime would focus on employers who hire undocumented workers, not on the workers themselves.
Make no mistake, although deportations related to worksite operations may have decreased under the Obama approach in contrast with that under George W. Bush, actual deportation numbers are not down. According to the Washington Post, the Obama administration is deporting record numbers of undocumented immigrants, with ICE expecting to remove about 400,000 individuals in 2010. The total is nearly ten percent above the Bush administration’s 2008 sum and twenty-five percent more than were deported in 2007. According to ICE, the increase has been partly a result of deporting those persons picked up for other crimes and expanding the search through prisons and jails for deportable immigrants already in custody. “Unlike the former worksite raids that led to arrests and deportation, the ’silent raids,’ or audits of companies’ records by federal agents, usually result in firings.” “Just 765 undocumented workers have been arrested at their jobs in 2010 through early summer, compared with 5,100 in 2008, according to Department of Homeland Security figures.”
However, as we see from the Contreras family’s plight, the Obama administration’s focus-on-employers-rather-than-workers strategy in fact falls squarely on the shoulders of the workers. Immigration raids at factories and farms have been replaced with a quieter enforcement strategy: sending federal agents to scour companies’ records for undocumented immigrant workers. “While the sweeps of the past commonly led to the deportation of such workers, the ’silent raids,’ as employers call the audits, usually result in the workers being fired, although in many cases they are not deported.” The idea is that if the workers cannot work, they will self-deport, leaving on their own. However, they actually do not leave because they need to work. They become more desperate and take jobs at lower wages. Given the increasing scale of enforcement, this can lead to an overall reduction in the average wage level for millions of workers, which is, in effect, a subsidy to employers. Over a twelve-month period, ICE conducted audits of employee files at more than 2900 companies. “The agency levied a record $3 million in civil fines [in the first six months of 2010] on businesses that hired unauthorized immigrants, according to official figures.” Thousands of workers were fired.
Employers say the audits reach more companies than the work-site roundups of the Bush administration. The audits force businesses to fire every suspected undocumented worker on the payroll-not just those who happened to be on duty at the time of a raid-and make it much harder to hire other unauthorized workers as replacements. Auditing is effective in getting unauthorized workers fired for sure.
Consider other examples. An audit of Gebbers Farms in the orchard town of Brewster, Washington yielded results that were similar to what happened at American Apparel. Immigration inspectors scoured the records of Gebbers Farms and found evidence that approximately 550 of its workers, mostly immigrants from Mexico, did not have proper documentation. So, those workers were fired. ICE officials also pressured one of San Francisco’s major building service companies, ABM, into firing hundreds of its own workers last spring. ICE agents told ABM that they had flagged the personnel records of those workers. Weeks earlier, the agents sifted through Social Security records, and the I-9 immigration forms all workers have to fill out when they apply for jobs. They then told ABM that the company had to fire 475 workers who were accused of lacking legal immigration status. Similar ICE actions resulted in the firing of 1200 ABM janitors in Minneapolis, and 100 janitors in Seattle in the Fall of 2009.
Echoing President Obama’s theme of focusing on employers who use undocumented workers to “drive down wages” and “mistreat” workers, ICE chief John Morton says the agency is looking primarily for “‘egregious employers’ who commit both labor abuses and immigration violations.” But American Apparel, ABM, and Gebbers Farms do not appear to fit that profile.
While American Apparel is a huge corporation that makes hundreds of millions of dollars a year, the workers dismissed were “long-term employees being paid decent wages.” “The company is proud of their ‘Made in America’ labels” and had a reputation for paying more than most garment shops. Before the audit, its CEO, Dov Charney, took to the streets and stood shoulder to shoulder with workers in protesting and demanding legalization for workers who have been “victimized by our broken immigration system.”
Similarly, Gebbers Farms had a general reputation for “doing right by their employees.” “It built housing and soccer fields for its workers and, unlike many other growers, provides stable year-round work.” “After the firings, Gebbers Farms advertised hundreds of jobs for orchard workers. But there were few takers in the state.” Finally, the employer applied to the federal guest worker program to import about 1200 legal temporary workers - most from Mexico. “The guest workers, who can stay for up to six months, also included about 300 from Jamaica.” This was an implementation of the Chertoff strategy, “open the front door and you shut the back door.” The unspoken rationale for the audits is revealed-force employers to use guest worker programs.
As for ABM, the building service has been a union company for decades, and many of the workers had been there for years. According to Olga Miranda, President of Service Employees Local 87: “They’ve been working in the buildings downtown for fifteen, twenty, some as many as twenty-seven years. They’ve built homes. They’ve provided for their families. They’ve sent their kids to college. They’re not new workers. They didn’t just get here a year ago.”
The audit-and-fire strategy was initiated early in the Obama administration. For example, in May 2009, 254 workers at Overhill Farms in Los Angeles were fired under similar circumstances. The company, with over 800 employees, was audited by the Internal Revenue Service earlier that year. According to John Grant, Packinghouse Division Director for Local 770 of the United Food and Commercial Workers, which represents production employees at the food processing plant, “they found discrepancies in the Social Security numbers of many workers. Overhill then sent a letter . . . to 254 people-all members of our union-giving them thirty days to reconcile their numbers.”
On May 2, the company stopped the production lines and sent everyone home, saying, there would be no work until “they called us to come back.” For 254 people that call never came. According to a spokesman for Overhill Farms, “the company was required by federal law to terminate these employees because they had invalid Social Security numbers. To do otherwise would have exposed both the employees and the company to criminal and civil prosecution.”
II. Background on Employer Sanctions
The softer, gentler approach to employer sanctions enforcement implemented by the Obama administration may appear more humane on the surface. After all, auditing and firing is accomplished without guns, handcuffs, or detention. However, the result-loss of work-is not necessarily softer or gentler for the thousands of fired workers who have been working to support their families.
Employer sanctions are of relative recent vintage in the nation’s immigration laws. In the climate of heightened concerns over the number of undocumented workers (predominantly Mexican) in the United States in the 1970’s and early 1980’s, estimates of up to nine million undocumented people residing in the country were offered to demonstrate that immigration enforcement efforts were ineffectual. Policymakers proposed addressing the situation from a new angle-by penalizing employers who were hiring undocumented workers, through what came to be called “employer sanctions.” “By 1986, employer sanctions had become part of the nation’s immigration laws. The passage of the Immigration Reform and Control Act (IRCA) represented the culmination of years of social, political, and congressional debate about the perceived lack of control over the U.S. southern border.” “The belief that something had to be done about the large numbers of undocumented workers who had entered the United States from Mexico in the 1970s was reinforced by the flood of Central Americans who began to arrive in the early 1980s.” While the political turmoil of civil war in El Salvador, Guatemala, and Nicaragua drove many Central Americans from their homeland, they, along with the Mexicans who continued to arrive, were generally labeled “economic migrants” by the Reagan administration, the Immigration and Naturalization Service, and the courts.
The idea of employer sanctions was not new.
In 1952-when the immigration laws were overhauled to clamp down on subversives and Communists-a provision outlawing willful importation, transportation, or harboring of undocumented aliens was debated; one amendment proposed imposing criminal penalties for the employment of undocumented aliens if the employer had “reasonable grounds to believe a worker was not legally in the United States.”
Not only was the amendment soundly defeated, but the following language was added to the final legislation: “for the purposes of this section, employment (including the usual and normal practices incident to employment) shall not be deemed to constitute harboring.” For the time being, we were not about to punish U.S. employers who might be benefiting from the labor of low-wage, undocumented workers. “Beginning in 1971, legislative proposals featuring employer sanctions as a centerpiece reappeared and were touted as the tool needed to resolve the undocumented alien problem.” Resolving the “problem” of undocumented people essentially meant forcing them to leave the country by denying them the ability to work, and therefore to eat, pay rent, or support themselves and their families. By the end of the Carter administration in 1980, the Select Commission on Immigration and Refugee Policy portrayed the legalization of people already here as a necessary balance to sanctions, which, presumably, would discourage more undocumented people from coming in the future.
Within thirty years of the 1952 rejection of employer sanctions, Congress believed that most Americans were convinced that a crisis over undocumented immigration-especially undocumented Mexican migration-existed and that something had to be done. By 1986 federal employer sanctions were enacted as the major feature of reform. By a bare swing vote of only four members of the House of Representatives, legalization (or amnesty) provisions were also made part of the package to address the undocumented immigrant issue.
Although on paper it appeared that a deal involving employer sanctions for amnesty had been struck, there was not political trade-off; IRCA would have gone forward if legalization were dropped by the House, and its effective implementation in the hands of an inept Immigration and Naturalization Service was seriously in doubt.
The efficacy of employer sanctions in reducing undocumented migration is hotly debated. Proponents of increased enforcement note that few employers have been fined or punished since 1986. That view, however, fails to note that hundreds of thousands of workers have been fired. In fact, punishing employers, or threatening to do so, was always simply a mechanism to criminalize work for the workers themselves, and thereby force them to leave the country, or not to come in the first place.
In addition to the many social and economic phenomena that historically cause undocumented migration to the United States from Mexico, we now know that NAFTA and the effects of globalization create great migration pressures on Mexicans. The push-pull factors are strong. As the Mexican consul from Douglas, Arizona once noted, the border could be “mined” and migrants would still attempt to cross. As Renee Saucedo points out: “So long as we have trade agreements like NAFTA that create poverty in countries like Mexico, people will continue to come here, no matter how many walls we build.” Consider Ismael Rojas, who left his family in Mexico many times over a twenty-five-year period to work in the United States as an undocumented worker. In his words, “you can either abandon your children to make money to take care of them, or you can stay with your children and watch them live in misery. Poverty makes us leave our families.”
Utilizing employer sanctions to address the phenomenon of Mexican migration in this context of poverty and globalization causes misery for workers, but does not reduce migration. Arresting and deporting workers for working without authorization as a means of discouraging them from coming here for a better life simply cannot be effective in the face of such grave economic and social forces. We also need to ask ourselves whether we can really justify punishing workers who are here because of the effects of many U.S. economic policies.
Another problem with employer sanctions is the discrimination that results. Long before the recent evaluation of the discriminatory effects of the E-Verify program, discrimination was rampant. In its final report to Congress on employer sanctions in 1990, the Government Accounting Office estimated that of 4.6 million employers in the United States, 346,000 admitted applying IRCA’s verification requirements only to job applicants who had a “foreign” accent or appearance. Another 430,000 employers only hired applicants born in the United States or did not hire applicants with temporary work documents in order to be cautious.
Direct and indirect recruitment of Mexican workers has continued in spite of the implementation of employer sanctions legislation in 1986. In 2001, researchers continued to identify organized groups of farm labor contractors who travel to Mexican cities and towns, where they offer loans and work guarantees to convince potential farm workers to cross the border into the United States. The process involves well-organized networks of contractors and contractor agents representing major U.S. agricultural companies. The headhunters are themselves often Mexicans who recruit in their own hometowns and farming communities where earning the trust of eager farm hands is not difficult. One of the contractors’ favorite tactics to attract workers is to offer them loans to help pay off debts, coupled with a pledge to find work for the person north of the border. Many U.S. companies rely on these networks of recruiters.
Even a cursory review of the ICE raids in the past few years reveals an obvious disparity in the targeting of undocumented workers over the employers who hire them. Anyone who sympathizes with the undocumented worker’s position but feels that “the law is the law” must hold employers to that same standard. That means demanding the enforcement of labor laws against unscrupulous employers who take advantage of low-income workers-documented or undocumented. All too often, the undocumented workforce that has been paid less than minimum wage for work conditions that violate health and safety standards is hauled away, and the employer receives no punishment. Instead of deporting the workers, we should remove the barriers that stand in the way of their efforts to place pressure on the employers to improve wage and work conditions. In the process, the jobs may, in fact, become more attractive to native workers-something that, ironically, anti-immigrant forces want.
In 2009, Ken Georgetti, president of the Canadian Labour Congress, and John Sweeney, president of the AFL-CIO, wrote to President Obama and Canadian Prime Minister Harper, reminding them that, “the failure of neoliberal policies to create decent jobs in the Mexican economy under NAFTA has meant that many displaced workers and new entrants have been forced into a desperate search to find employment elsewhere. . . . We believe that all workers, regardless of immigration status, should enjoy equal labor rights. . . . We also support an inclusive, practical and swift adjustment of status program, which we believe would have the effect of raising labor standards for all workers.”
While employer sanctions have little effect on migration, they have made workers more vulnerable to employer pressure. Because working is illegal for them, undocumented workers fear protesting low wages and bad conditions. Employer sanctions bar them from receiving unemployment and disability benefits, although they make payments for them. If they get fired for complaining or organizing it’s much harder to find another job. Despite these obstacles, immigrant workers, including the undocumented, have asserted their labor rights, organized unions, and won better conditions. But employer sanctions have made this harder and riskier.
Using Social Security numbers to verify immigration status has led to firing and blacklisting many union activists. Even citizens and permanent residents feel this impact, because in our diverse U.S. workplaces immigrant and native-born workers work together. Making it a crime for one group to enforce the law or use their rights has simply created obstacles for everyone else. Unions now have greater difficulty defending the rights of their own members or organizing new ones. The exploitation of the undocumented workforce will only end if workers are free to make complaints and organize.
Eliminating the undocumented workforce without providing an avenue for their labor to be utilized in the United States, also would have devastating economic consequences. Data reveal many U.S. job categories that rely on the undocumented workforce. Gordon Hanson’s findings for the Council on Foreign Relations support these arguments. He notes that between 1960 and 2000 the number of U.S. residents with less than twelve years of schooling fell from fifty percent to twelve percent.
Arizona stands to see the negative effects of massive exclusion of an undocumented workforce. Before the state’s enactment of its “Legal Workers Arizona Act” in 2007, the state experienced decades worth of growth, boosted by its estimated twelve percent undocumented labor force. The new law caused many headaches and loss of production for Arizona employers who need workers. Also, we should not lose sight of the fact that immigrants are consumers as well. Their consumption creates demand for certain goods and services, which in turn creates jobs.
III. Union Focus-Coincidence or Intentional
President Obama says employer sanctions enforcement targets employers “who are using illegal workers in order to drive down wages-and oftentimes mistreat those workers.” An ICE Worksite Enforcement Advisory claims “ICE . . . investigates employers who employ force, threats or coercion . . . in order to keep the unauthorized alien workers from reporting substandard wage or working conditions.” One has to wonder whether firing or deporting workers who endure them actually helps to cure such conditions. Also, consider the workers whom ICE has been targeting under the Obama approach. Workers at Smithfield were trying to organize a union to improve conditions. Overhill Farms has a union. American Apparel pays better than most garment factories. The ABM workers in San Francisco, and another 1200 fired janitors in Minneapolis, were union members who were receiving a higher wage than non-union workers-and they had to strike to win it.
ABM is one of the largest building service companies in the country, and it appears that union janitorial companies are the targets of the Obama administration’s immigration enforcement program. A frustrated union official points out that,
Homeland Security is going after employers that are unions. . . . They’re going after employers that give benefits and are paying above the average. . . . What kind of economic recovery goes with firing thousands of workers? Why don’t they target employers who are not paying taxes, who are not obeying safety or labor laws?
The 1200 fired janitors in Minneapolis belonged to SEIU Local 26, the 475 janitors in San Francisco were from Local 87, and 100 janitors working for Seattle Building Maintenance fired in November 2009 belonged to Local 6.
And despite Obama’s contention that sanctions enforcement will punish those employers who exploit immigrants, employers are rewarded for cooperating with ICE by being immunized from prosecution. Javier Murillo, president of SEIU Local 26, says, “[t]he promise made during the audit is that if the company cooperates and complies, they won’t be fined. So this kind of enforcement really only hurts workers.”
Workers fired at Overhill Farms accuse the company of hiring replacements, classified as “part timers,” who do not receive the benefits in the union contract. By firing regular workers who were being paid benefits, the company was able to save “a lot of money.”
The history of workplace immigration enforcement is filled with examples of employers who use audits and discrepancies as pretexts to discharge union militants or discourage worker organization. The sixteen-year union drive at the Smithfield pork plant in North Carolina, for instance, saw a raid, and the firing of fifty workers for bad Social Security numbers. ICE’s campaign of audits and firings, which SEIU Local 26’s Murillo calls “the Obama enforcement policy,” targets the same set of employers the Bush raids went after-union companies or those with organizing drives. If anything, ICE seems intent on punishing undocumented workers who earn too much, or become too visible by demanding higher wages and organizing unions.
This growing wave of firings is provoking sharp debate in unions, especially those with large immigrant memberships. Many of the food processing workers at Overhill Farms and ABM’s janitors have been dues-paying members for years. They expect the union to defend them when the company fires them for lack of status. “The union should try to stop people from losing their jobs,” protests Erlinda Silerio, an Overhill Farms worker.
“It should try to get the company to hire us back, and pay compensation for the time we’ve been out.” At American Apparel, although there was no union, some workers had actively tried to form one in past years. Jose Covarrubias got a job as a cleaner when the garment union was helping them organize. “I’d worked with the International Ladies’ Garment Workers and the Garment Workers Center before,” he recalls, “in sweatshops where we sued the owners when they disappeared without paying us. When I got to American Apparel I joined right away. I debated with the non-union workers, trying to convince them the union would defend us.”
The Obama approach ends up promoting a guest worker program akin to his predecessor’s vision. As we have seen, at Gebbers Farms, there really were no takers among the native work force, and guest workers were brought in. Remarks by President Bush’s DHS Secretary Michael Chertoff in 2008 were revealing: “[T]here’s [an] obvious[] . . . solution to the problem of illegal work, which is you open the front door and you shut the back door . . . .” “Opening the front door” allows employers to recruit workers to come to the United States, giving them visas that tie their ability to stay to their employment. And to force workers to come through this system, “closing the back door” criminalizes migrants who work without “work authorization.” As Arizona Governor, DHS Secretary Janet Napolitano supported this arrangement, signing the state’s own draconian employer sanctions bill, while supporting guest worker programs.
In its final proposal to “shut the back door,” the Bush administration announced a regulation requiring employers to fire any worker whose Social Security number did not match the Social Security Administration’s database. Social Security no-match letters do not currently require employers to fire workers with mismatched numbers, although employers have nevertheless used them to terminate thousands of people. President Bush would have made such terminations mandatory.
Unions, the ACLU, and the National Immigration Law Center got an injunction to stop the rule’s implementation in the summer of 2007, arguing it would harm citizens and legal residents who might be victims of clerical mistakes. In July 2009, the Obama administration decided not to contest the injunction. But while dropping Bush’s regulation, DHS announced it would beef up the use of the E-Verify electronic database, arguing that it’s more efficient in targeting the undocumented.
Social Security, however, continues to send no-match letters to employers, and the E-Verify database is compiled, in part, by sifting through Social Security numbers, looking for mismatches. DHS Secretary Janet Napolitano called on employers to screen new hires using E-Verify, and said those who do so will be entitled to put a special logo on their products stating “I E-Verify.” And although the final regulations never took effect, DHS says an employer’s failure to adequately follow up on a no-match letter can constitute evidence of or contribute to an employer’s knowledge of an employee’s unauthorized status.
The twelve million undocumented people in the United States, spread in factories, fields, and construction sites throughout the country, encompass lots of workers. Many are aware of their rights and anxious to improve their lives. National union organizing campaigns, like Justice for Janitors and Hotel Workers Rising, depend on the determination and activism of these immigrants, documented and undocumented alike. That reality finally convinced the AFL-CIO in 1999 to reject the federation’s former support for employer sanctions and call for repeal. Unions recognized that sanctions enforcement makes it much more difficult for workers to defend their rights, organize unions, and raise wages.
Opposing sanctions, however, puts labor in opposition to the current administration, which it helped elect. Some Washington D.C. lobbying groups have decided to support the administration policy of sanctions enforcement instead. One of them, Reform Immigration for America, says, “any employment verification system should determine employment authorization accurately and efficiently.” Verification of authorization is exactly what happened at American Apparel and ABM, and inevitably leads to firings. The AFL-CIO and the Change to Win labor federation this spring also agreed on a new immigration position that supports a “secure and effective worker authorization mechanism . . . one that determines employment authorization accurately while providing maximum protection for workers.”
Jose Covarrubias, one of the fired American Apparel workers, is left defenseless by such protection, however. Instead, he says, “we need the unity of workers. There are 15 million people in the AFL-CIO. They have a lot of economic and political power. Why don’t they oppose these firings and defend us?” he asks. “We’ve contributed to this movement for 20 years, and we’re not leaving. We’re going to stay and fight for a more just immigration reform.”
IV. Institutionalized Racism
Anyone who is opposed to racial profiling and racially discriminatory enforcement of laws should be concerned about the Obama employer sanctions enforcement strategy. As in the case of the Bush-style ICE raids, the Obama audit-style approach that has resulted in layoffs of thousands of workers has preyed almost exclusively on Latino workers. The racial effects should not be facilely cast aside.
As we have argued elsewhere, racism against Latinos has been institutionalized in the enforcement of U.S. immigration laws. In contemporary terms and within the black-white paradigm in the United States, institutional racism is understood to have resulted from the social caste system that sustained, and was sustained by, slavery and racial segregation. Although the laws that enforced this caste system are no longer in place, one can argue that its basic structure still stands to this day. So today, one might claim that institutionalized racism deprives a racially identified group, usually defined as generally inferior to the defining dominant group, equal access to education, medical care, law, politics, housing, and the like.
“By understanding the fundamental principles of institutionalized racism we begin to see the application of the concept beyond the conventional black-white paradigm.” Institutional racism embodies discriminating against certain groups of people through the use of biased laws or practices.
Structures and social arrangements become accepted, and they operate and are manipulated in such a way as to support or acquiesce in acts of racism. Institutional racism can be subtle and less visible, but is no less destructive to human life and human dignity than individual acts of racism.
The forces of racism have become embodied in U.S. immigration laws. As these laws are enforced, they are accepted as common practice, in spite of their racial effects. We may not like particular laws or enforcement policies because of their harshness or their violations of human dignity or civil rights, but many of us do not sense the inherent racism because we are not cognizant of the dominant racial framework. “Understanding the evolution of U.S. immigration laws and enforcement provides us with a better awareness of [what is happening and] the institutional racism that controls those policies.”
Rightly or wrongly, today the so-called “illegal immigration” problem has become synonymous with the control, or lack thereof, of the southwest border. “As such, the ‘problem’ is synonymous with Mexican migration, and Mexican immigrants have come to be regarded by many anti-immigrant voices as the enemy.” The anti-immigrant activists do not regard themselves as racist; they view themselves as the voice for law and order.
“The history of the border, labor recruitment and border enforcement explains how the institutionalization of anti-Mexican immigration policies have created the structure to allow these voices to claim racial and ethnic neutrality and for many Americans accept that claim.”
The current numerical limitation system, while not explicitly racist, operates in a manner that severely restricts immigration from Mexico and the high-visa-demand countries of Asia. The 1965 amendments represented a welcome change, but the new law was no panacea. President John F. Kennedy originally had proposed a large pool of immigration visas to be doled out on a first-come, first-serve system without country quotas. If implemented, the system immediately would have facilitated the entry of large numbers of Asian immigrants, because a first-come, first-serve system would benefit countries with the biggest demand. After JFK’s assassination, his brother, Ted, and President Lyndon Johnson continued to promote the legislation. However, JFK’s egalitarian vision did not survive the political process. Instead, a system that included per country caps of approximately 20,000 visas for each country outside the Western Hemisphere was established in the 1965 immigration act, with only 200 visas available for territories such as Hong Kong. An Eastern Hemisphere numerical limitation of 170,000 visas was established.
Between 1965 and 1976, while the rest of the world enjoyed an expansion of numerical limitations and a definite preference system, Mexico and other countries of the Western Hemisphere were suddenly faced with numerical limitations for the first time. These countries had to share a quota of 120,000. The system was first-come, first-serve system, with Mexico taking a big share of the 120,000, more than 40,000 each year because of its high visa demands. Applicants had to meet strict labor certification requirements, but waivers were available to certain applicants like parents of U.S. citizen children; many Mexicans qualified for that waiver. As one might expect, given the new numerical limitations but large visa demands, by 1976 the Western Hemisphere system resulted in a severe backlog of approximately three years and a waiting list with nearly 300,000 names.
As the framework resulted in growing visa backlogs for Western Hemisphere countries, things got worse in 1977. Congress altered the Western Hemisphere system yet again, imposing the same preference system and a 20,000 visa per country numerical limitation that the rest of the world first confronted in 1965. Thus, Mexico’s annual visa usage rate (more than 40,000) was virtually sliced in half overnight, and thousands were left stranded on the old system’s waiting list.
Today’s selection system simply does not have room for many relatives because of numerical limitations or those who are simply displaced workers. They do not qualify for special visas set aside for professionals and management employees of multi-national corporations or those visas that require substantial funds for investment. Similarly, the system has no slot for anyone whose livelihood is controlled by trade agreements and globalization that cause job loss in low-income regions, as multi-national corporations, the beneficiaries of free trade, relocate to other sites where their production costs are cheaper.
The system results in severe backlogs in certain family immigration categories-particularly for spouses, unmarried sons and daughters of lawful permanent residents, and siblings of U.S. citizens. For some countries, such as the Philippines and Mexico, the waiting periods for certain categories are ten to twenty years! Given the severe backlogs and the continuing allure of the United States (not simply in terms of economic opportunities, but because relatives are already here due to recruitment efforts or political stability), many would-be immigrants are left with little choice. Inevitably they explore other ways of entering the United States without waiting. By doing so, they fall into the jaws of the immigration exclusion laws that provide civil and criminal penalties for circumventing the proper immigration procedures.
The basic civil sanction of removal (deportation) applies to individuals who fall into the immigration trap of following their instincts to reunite with families or to seek economic opportunities. The categories of deportable aliens include the following persons: those who are in the United States in violation of the immigration laws (e.g., entry without inspection, false claim to citizenship); those non-immigrants who overstay their visas or work without authorization; those who have helped others enter (smuggled) without inspection; and, those who are parties to sham marriages.
Additional civil penalties, including fines, can be imposed for forging or counterfeiting an immigration document, failing to depart pursuant to a removal order, entering without inspection, and entering into a sham marriage.
Congress also has enacted criminal provisions that go far beyond the civil sanction of removal and monetary fines for many of these actions. For example, the following acts are criminalized (subject to imprisonment and/or monetary fines): falsifying registration information about the family; any bringing in (smuggling), transporting, or harboring (within the United States) of an undocumented alien (including family members); entry without inspection or through misrepresentation; the reentry of an alien (without permission) who previously has been removed or denied admission; and, making a false claim of U.S. citizenship.
So given insufficient supply of immigrant visas to satisfy the demands for family reunification, and no supply for simple, displaced working class workers, the action of traveling to the United States by circumventing the current structure can easily result in civil and, at times, criminal liability.
The migrants who fall into those groups are from the countries whose family immigration quotas are oversubscribed or whose economy has been damaged by globalization and free trade. Those countries are primarily Asian and Latin.
It does not take long to realize that while immigration laws and enforcement policies have evolved in a manner that continues to prey on Mexicans, Asians, and other Latin migrants, the relationship of those laws and policies with other racialized institutions underscores the structural challenges that immigrants of color face. Consider NAFTA and the World Trade Organization. For example, NAFTA has placed Mexico at such a competitive disadvantage with the United States in the production of corn that Mexico now imports most of its corn from the United States, and Mexican corn farm workers have lost their jobs. The U.S.-embraced World Trade Organization, which advocates global free trade, favors lowest-bid manufacturing nations like China and India, so that manufacturers in a country like Mexico cannot compete and must lay off workers. Is there little wonder that so many Mexican workers look to the United States for jobs, especially when so many of the multi-national corporations and companies that benefit from free trade are headquartered here?
Think also of refugee resettlement programs as an institution. “When Southeast Asian refugees are resettled in public housing or poor neighborhoods, their children find themselves in an environment that can lead to bad behavior or crime.” Refugee parents, like other working class immigrant parents, often work long hours and their children are left unsupervised. And consider U.S. involvement in wars and civil conflict abroad. The institution of war itself produces refugees. U.S. participation in civil conflict in countries like Guatemala and El Salvador produced refugees in the 1980s. But think also of U.S. involvement in places like southeast Asia, and now Afghanistan and Iraq, that also has produced involuntary migrants of color to our shores.
Other racialized institutions that interact with immigration laws and enforcement also come to mind: think of the criminal justice system, poor neighborhoods, and inner city schools. Even coming back full circle to enslavement of people-today’s human trafficking institutions-we begin to realize a sad interaction with immigration laws that require greater attention. These institutions can all lead to situations that spell trouble within the immigration enforcement framework.
Thus, the immigration admission and enforcement regimes may appear neutral on their face, but they have evolved in a racialized manner, and when the immigration framework interacts with other institutions such as the criminal justice system, NAFTA, globalization, poor neighborhoods, and schools in which many immigrants and refugees are situated, you realize that the structure generates racial group disparities as well. NAFTA and globalization provide a major reason why many migrants of color cannot remain in their native countries if they are to provide for their families. The criminal justice system and poverty prey heavily on poor communities of color, leading to deportable offenses if defendants are not U.S. citizens.
The construction of the U.S. immigration policy and enforcement regime has resulted in a framework that victimizes Latin and Asian immigrants. These immigrants of color ended up being the subject of ICE raids during the Bush administration. They are the ones who comprise the immigration visa backlogs. They are the ones that attempt to traverse the hostile southwest border. Today, Latino and Latina workers are the primary victims of the Obama audit strategy.
Their victimization has been institutionalized. Thus, any complaint about immigrants-fiscal or social-can be voiced in non-racial, rule-of-law terms because the institution has masked the racialization with laws and operations that are couched in non-racial terms. Anti-immigrant pundits are shielded from charges of racism by labeling their targets “law breakers” or “unassimilable.” Deportation, detention, and exclusion at the border can be declared race-neutral by the DHS because the system already has been molded by decades of racialized refinement. Officials are simply “enforcing the laws.” The victimization of Latinos by immigration laws and enforcement policies has been normalized, allowing Americans to accept statistics about disproportionality (just as they have with respect to racial inequities in, for example, the educational or criminal justice systems) as “just the way things are.” Like white privilege, institutionalized racism generally goes unrecognized by those who are not negatively impacted.
We should know better. The cards are stacked against Latin migrants-especially Mexicans. The immigration law and enforcement traps are set through a militarized border practice and an anachronistic visa system. It’s no surprise that Mexican immigrants are the victims of those traps. They have been set up by the vestiges of a border history of labor recruitment like the Bracero Program, Supreme Court deference to enforcement, and border militarization that laid the groundwork for current laws and enforcement policies. The resulting practice can be implemented through seemingly non-racial provisions and operations that actually result in severe racist outcomes.
Conclusion
Wanting more blood, some on the right complain that the Obama employer sanctions “silent raid” approach is too soft, because although the workers get fired, they do not get deported. They claim that “there is no drama, no trauma, no families being torn apart, no handcuffs.” No trauma? Consider the fired San Francisco janitors who faced an agonizing dilemma. Should they turn themselves in to Homeland Security, who might charge them with providing a bad Social Security number to their employer, hold them for deportation, and even send them to prison, as was done with workers in Iowa and Howard Industries in Mississippi? For workers with families, homes and deep roots in a community, it simply is not possible to just walk away and disappear. As SEIU Local 87 president, Olga Miranda, points out: “I have a lot of members who are single mothers whose children were born here. I have a member whose child has leukemia. What are they supposed to do? Leave their children here and go back to Mexico and wait? And wait for what?”
Union leaders like Miranda see a conflict between the rhetoric used by the President and other Washington D.C. politicians and lobbyists in condemning the Arizona law, and the immigration proposals they make in Congress. “There’s a huge contradiction here,” she says. “You can’t tell one state that what they’re doing is criminalizing people, and at the same time go after employers paying more than a living wage and the workers who have fought for that wage.”
Renee Saucedo, attorney for La Raza Centro Legal and former director of the San Francisco Day Labor Program, is even more critical. “Those bills in Congress, which are presented as ones that will help some people get legal status, will actually make things much worse. We’ll see many more firings like the janitors here, and more punishments for people who are just working and trying to support their families.”
Nevertheless, whether or not they are motivated by economic gain or anti-union animus, the current firings highlight larger questions of immigration enforcement policy. Nativo López, director of the Hermandad Mexicana Latinoamericana, a grassroots organizer who organized protests against the firings at Overhill Farms and American Apparel, puts it this way:
“These workers have not only done nothing wrong, they’ve spent years making the company rich. No one ever called company profits illegal, or says they should give them back to the workers. So why are the workers called illegal? Any immigration policy that says these workers have no right to work and feed their families is wrong and needs to be changed.”
Whatever President Obama or Secretary Napolitano may claim about punishing exploitative employers, employers who cooperate with the audit initiative seem to evade sanctions. ICE threatened to fine Dov Charney, American Apparel’s owner, but then withdrew the threat. As a result, it’s the fired workers who are punished, as the employers escape fines in exchange for cooperation.
And the justification for hurting workers is also implicit in the policy announced on the White House website, “remove incentives to enter the country illegally.” This was the original justification for employer sanctions in 1986-if migrants cannot work, they will not come. Of course, people did come, because at the same time Congress passed IRCA, it also began debate NAFTA. That virtually guaranteed future migration. Since NAFTA went into effect in 1994, millions of Mexicans have been driven by poverty across the border. The real questions we need to ask are what uproots people in Mexico, and why U.S. employers rely so heavily on low-wage workers.
Arguably, no one in the Obama or Bush administrations, or the Clinton administration before them, wants to stop migration to the United States or imagines that this could be done without catastrophic consequences. The very industries they target for enforcement are so dependent on the labor of migrants they would collapse without it. Instead, immigration policy and enforcement consigns those migrants to an “illegal” status, and undermines the price of their labor. Enforcement is a means for managing the flow of migrants and making their labor available to employers at a price they want to pay.
In 1998, the Clinton administration mounted the largest sanctions enforcement action to date, in which agents sifted through the names of 24,310 workers in forty Nebraska meatpacking plants. They then sent letters to 4762 workers, saying their documents were bad, and over 3500 were forced from their jobs. Mark Reed, who directed “Operation Vanguard,” claimed it was really intended to pressure Congress and employer groups to support guest worker legislation. “We depend on foreign labor,” he declared. “If we don’t have illegal immigration anymore, we’ll have the political support for guest workers.”
Increased ICE raids, stepped up border enforcement, and employer sanctions have not reduced undocumented immigration to the United States. The failure of these harsh efforts must teach us something. The enforcement-only approach has resulted in human tragedy, increased poverty, and family separation, while undocumented workers continue to flow into the United States. This is a challenge that requires us to understand why workers come here and to address the challenge in a more sensible manner.
The inhumanity of the situation is apparent to many. As Tom Barry puts it, “we are wasting billions of dollars at home in what has become a war on immigrants. The collateral costs of this anti-immigrant crackdown-including labor shortages, families torn apart by deportations, overcrowded jails and detentions centers, deaths on the border, courts clogged with immigration cases, and divided communities-are also immense.”
And the New York Times mourns that after we get through this period of the “Great Immigration Panic,” “someday, the country will recognize the true cost of its war on illegal immigration. We don’t mean dollars, though those are being squandered by the billions. The true cost is to the national identity: the sense of who we are and what we value. It will hit us once the enforcement fever breaks, when we look at what has been done and no longer recognize the country that did it.”
It’s time to come to our senses and realize that the enforcement plus guest worker approach has failed. The rise of employer sanctions enforcement causes hardship for our fellow human travelers who only seek an opportunity to work to feed their families at an honest day’s wage. While employer sanctions enforcement has risen, we pray for its fall.
Undocumented migration is the result of factors and phenomena way beyond the control of intimidation, guns, and militarization. The time to get smart has arrived; we must begin considering more creative approaches by understanding the forces at work.
Our current policies produce displaced people in Mexico, criminalize them once they arrive in the United States, and view them simply as a source of cheap labor for employers. We need to see migrants as human beings first and then formulate a policy to protect their human and labor rights, along with those of other working people in this country. Repealing employer sanctions is critical in moving us in that direction.
http://www.indypendent.org/2011/01/12/the-rise-and-fall-of-employer-sanctions/
Sunday, November 28, 2010
Study challenges Secured Communities motivations
By Maria Michalos
Washington Square News
Published November 26, 2010
It shouldn't come as a surprise to most that the purpose of the Department of Homeland Security is to do just as its title suggests, to protect our nation from the hands of potential harm. For the federal government, that seems to necessitate instating an ambiguous program devoted to deporting illegal immigrants held on criminal charges, regardless of the nature of the crime committed.
New York State is in the midst of a debate over the controversial federal immigration enforcement program known as Secured Communities — a program that requires local police to send fingerprints of every individual arrested to the Department of Homeland Security. A rise in deportations over the last year can be attributed to the program that has insidiously found its way into over 34 states and 700 jurisdictions.
While Homeland Security contends that the program's function is to target "dangerous" criminals, a study conducted by the research group Justice Strategies has determined otherwise. The study discovered no association between the level of the offense committed and the targeted deportation at New York City's primary jail on Rikers Island.
According to the study, more than a quarter of the people who are tagged for deportation by Homeland Security agents have misdemeanors or violations, quite the antithesis to the pretense provided to the public. The rational question that remains posed, and left conveniently unanswered by agents, is why the misleading facts? Is it unreasonable to expect honesty from those who are supposedly meant to foster security?
Homeland Security secretary Janet Napolitano has declared that the program will become a requirement for the entire nation by 2013, which posits yet another unanswered question: Why is Homeland Security trying to embed itself in every jail throughout the country? The inability to connect loose ends leaves one to wonder if this system is another ploy to gather immigrants who haven't necessarily committed a serious crime so as to deport them quickly and quietly. In fact, these alleged "criminals" get identified in less than 24 hours, which leaves little room for a thorough investigation, if any.
The method of deciding whom federal authorities deport is, essentially, arbitrary. Aarti Shahani of Justice Strategies confirms this notion by stating that the concluding data "suggests that there's not a system in place to identify people based on risk, and ICE is simply tagging people who show up." Immigration officers at Rikers Island place "detainers" on inmates without citizenship; according to The New York Times, these detainers enable jail officials to retain inmates for 48 hours beyond their expected release, when they are then placed into the hands of immigration custody who will capriciously choose to deport these "felons."
Of the 1,215 noncitizen inmates at Rikers who were charged with drug related offenses, Justice Strategies determined that 45 percent were given detainers and 34 percent of those with the gravest allegations were given detainers, a confounding analysis given that inmates lack any reason to raise bail, because they will inevitably find themselves wrapped in the arms of immigration authorities.
The impact of instating such a program in New York State, home to more than three million immigrants, will unequivocally be cumbersome, and potentially compromise our immigrant-friendly image. What is even more troubling is the uncertainty of the program itself and its underlying motives. Federal authorities have yet to come to an agreement on whether the program will be mandatory, rendering a dubious impression. Governor David Paterson may have agreed on the program's implementation, but it's up to whistle blowers and city council members to convince the governor of Secure Communities' implications.
Maria Michalos is a contributing columnist. E-mail responses to opinion@nyunews.com.
http://nyunews.com/opinion/2010/11/26/26michalos/
Washington Square News
Published November 26, 2010
It shouldn't come as a surprise to most that the purpose of the Department of Homeland Security is to do just as its title suggests, to protect our nation from the hands of potential harm. For the federal government, that seems to necessitate instating an ambiguous program devoted to deporting illegal immigrants held on criminal charges, regardless of the nature of the crime committed.
New York State is in the midst of a debate over the controversial federal immigration enforcement program known as Secured Communities — a program that requires local police to send fingerprints of every individual arrested to the Department of Homeland Security. A rise in deportations over the last year can be attributed to the program that has insidiously found its way into over 34 states and 700 jurisdictions.
While Homeland Security contends that the program's function is to target "dangerous" criminals, a study conducted by the research group Justice Strategies has determined otherwise. The study discovered no association between the level of the offense committed and the targeted deportation at New York City's primary jail on Rikers Island.
According to the study, more than a quarter of the people who are tagged for deportation by Homeland Security agents have misdemeanors or violations, quite the antithesis to the pretense provided to the public. The rational question that remains posed, and left conveniently unanswered by agents, is why the misleading facts? Is it unreasonable to expect honesty from those who are supposedly meant to foster security?
Homeland Security secretary Janet Napolitano has declared that the program will become a requirement for the entire nation by 2013, which posits yet another unanswered question: Why is Homeland Security trying to embed itself in every jail throughout the country? The inability to connect loose ends leaves one to wonder if this system is another ploy to gather immigrants who haven't necessarily committed a serious crime so as to deport them quickly and quietly. In fact, these alleged "criminals" get identified in less than 24 hours, which leaves little room for a thorough investigation, if any.
The method of deciding whom federal authorities deport is, essentially, arbitrary. Aarti Shahani of Justice Strategies confirms this notion by stating that the concluding data "suggests that there's not a system in place to identify people based on risk, and ICE is simply tagging people who show up." Immigration officers at Rikers Island place "detainers" on inmates without citizenship; according to The New York Times, these detainers enable jail officials to retain inmates for 48 hours beyond their expected release, when they are then placed into the hands of immigration custody who will capriciously choose to deport these "felons."
Of the 1,215 noncitizen inmates at Rikers who were charged with drug related offenses, Justice Strategies determined that 45 percent were given detainers and 34 percent of those with the gravest allegations were given detainers, a confounding analysis given that inmates lack any reason to raise bail, because they will inevitably find themselves wrapped in the arms of immigration authorities.
The impact of instating such a program in New York State, home to more than three million immigrants, will unequivocally be cumbersome, and potentially compromise our immigrant-friendly image. What is even more troubling is the uncertainty of the program itself and its underlying motives. Federal authorities have yet to come to an agreement on whether the program will be mandatory, rendering a dubious impression. Governor David Paterson may have agreed on the program's implementation, but it's up to whistle blowers and city council members to convince the governor of Secure Communities' implications.
Maria Michalos is a contributing columnist. E-mail responses to opinion@nyunews.com.
http://nyunews.com/opinion/2010/11/26/26michalos/
Subscribe to:
Posts (Atom)