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Thursday, September 15, 2011

Lucha contra deportación

Por Johanes Rosello
Mundo Hispanico
Miércoles, Septiembre 14, 2011

En el restaurante Cup & Saucer Diner de Loganville se siente la ausencia de su cocinero Antonio Mejía. El mexicano que antes servía a la clientela del local, ahora aguarda su deportación.

A pesar de que las esperanzas de que Mejía se quede en Georgia parecieran nulas, sus compañeros de trabajo, en particular su supervisora, agotan todos los recursos para evitar que sea separado de su familia.

“Antonio ha estado con nosotros por 12 años y toda la gente que come aquí ama a Antonio. Nosotros somos una familia y si él no está aquí, no es lo mismo”, afirmó Susan Kasnic, supervisora de Mejía.

La policía de Lawrenceville detuvo a Mejía este año manejando sin licencia. Un tiempo después tuvo un accidente vial y esta vez fue encarcelado y puesto en proceso de deportación por su estatus de indocumentado.

El hombre salió de la cárcel pagando una fianza y 
comenzó el proceso para legalizar su estatus migratorio y solicitó la cancelación de la orden de deportación existente.

“La cancelación de remoción es un alivio migratorio que otorga un juez de inmigración a extranjeros en proceso de ser removidos del país por un juez de inmigración y que no han cometido delito mayor. El juez de inmigración y no el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) es quien toma esta determinación”, explicó Danielle Benett, vocera de ICE.

El pasado 23 de agosto, Mejía se presentó a la corte con la esperanza de que saldría bien de su caso. Sin embargo, el juez dijo que el hombre tenía una orden previa de deportación de 1999 por cruzar de manera ilegal la frontera y por esta razón sería enviado a México.

Benett explicó que cruzar la frontera luego de una deportación podría conllevar una pena máxima de 20 años en prisión. Además, señaló que quien entra al país luego de ser deportado no puede arreglar su estatus.

La familia de Mejía no entiende cómo pudo iniciar todo el proceso para legalizar su estatus y que apareciera esta orden de deportación justo en el momento en que pensaban que podría quedarse a vivir legalmente en el país.

“Ahora que ya estaba a punto de agarrar su tarjeta (permiso de trabajo), le dijeron que tenía una deportación y que no puede calificar para ese permiso y no lo entendemos”, expresó Carmen Zamora, esposa de Mejía con quien tiene tres niños estadounidenses.

Pero Kasnic no se detiene. Ella se ha tomado muy en serio la misión de hacer todo lo que esté en sus manos para que Mejía se quede en Georgia. Con este fin, ha mandado cartas a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, pidiendo que se reconsidere el caso de Mejía.

“Me parece injusto, en especial considerando que tiene tres hijos estadounidenses, que castigando a una persona arruines la vida de otras tres personas que tienen el derecho de estar aquí”, dijo la supervisora de Mejía.

Kasnic se comunicó a la oficina de ICE en Georgia y pudo hablar con un oficial de alto rango a quien no quiso identificar. Al día siguiente de esta conversación, Mejía fue notificado de que tendrá una oportunidad para apelar el caso.

Aaron Ortiz, abogado que trabaja junto a Brennan Bair el caso de Mejía, aclaró que el 22 de octubre es la fecha límite para apelar el caso.

“Una apelación la vamos a perder porque él ya fue deportado previamente en 1999. Lo que vamos a hacer es una petición para reabrir el caso basado en que tiene hijos ciudadanos y que ha pagado los impuestos”, explicó Ortiz

“Si lográramos reabrir el caso, tendríamos una oportunidad para tratar de sacarlo (de la cárcel) y después continuar con el proceso, pero si lo perdemos es porque él ya fue deportado”, aseveró.

http://www.mundohispanico.com/noticias/locales/lucha-contra-deportacion-1857459.html