Autoridades los hacen pasar por criminales para sacarlos de su territorio lo más rápido posible
Por Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Martes 9 de agosto de 2011, p. 14.
Estados Unidos ha endurecido su política migratoria en contra de los indocumentados, la mayoría de nacionalidad mexicana. La administración de Barack Obama busca no sólo a los que recientemente cruzaron la frontera sino a quienes residen en ese país desde hace muchos años y han construido ahí lazos familiares, educativos y laborales.
Información pública de ambas naciones pone en evidencia esta situación que ha encendido las alertas del gobierno mexicano, ante lo que percibe como una estrategia aceptada por demócratas y republicanos para tratar de convencer a la opinión pública que están combatiendo la migración irregular y, en consecuencia, sacando a los "criminales". Esa situación ocurre en momentos en que se complican las perspectivas económicas en aquel país y las agencias calificadoras ponen en duda la capacidad del gobierno estadunidense para pagar su deuda; de igual forma, en la víspera de un año electoral.
En esa ruta, señalan funcionarios mexicanos, los operativos se realizan sin miramientos y sin la posibilidad de que los indocumentados que han trabajado en Estados Unidos –y pagado impuestos– incluso por más de dos décadas, tengan una oportunidad de regularización, a fin de no ser separados de sus hijos, muchos de ellos nacidos en ese país.
En 2006, poco más de 16 mil mexicanos expulsados indicaron que fueron detenidos en sus trabajos u hogares y, en 2010, este indicador llegó a 35 mil 779, según información del gobierno mexicano, sistematizada con base en una encuesta sobre migración en la frontera norte. Relacionado con este mismo indicador, se revela que en 2008 se reportaron 14 mil 354 mexicanos deportados en esas condiciones, pero en 2009, primer año del gobierno de Obama, esa cifra llegó a 20 mil 229.
De igual forma, relacionado con las consecuencias de estas abruptas expulsiones, en 2004, 18 mil 714 mexicanos afirmaron que fueron detenidos en Estados Unidos en compañía de sus familiares, pero fueron devueltos a México sin ellos; en esta misma circunstancia se reporta el siguiente desarrollo anual: 40 mil 23 (en 2005), 38 mil 597 (2006), 46 mil 397 (2007), 54 mil 93 (2008), 55 mil 787 (2009) y 52 mil 835 (2010).
A nivel general, las estadísticas de México y Estados Unidos muestran que si bien las detenciones reportadas por la Patrulla Fronteriza han caído significativamente, al pasar de 1.6 millones en 2000 a 404 mil en 2010, los operativos a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) reportan cada vez un mayor número de deportaciones, con avances de 160 por ciento en la década pasada y de 39 por ciento en el bienio 2009-2010.
Por ejemplo, en 2000 estos operativos arrojaron 151 mil 267 deportaciones de mexicanos y, con una tendencia estable, en 2004 la cifra llegó a 175 mil 865.
Un año después, en 2005, el nivel bajó ligeramente, al ubicarse en 169 mil 31, pero desde entonces la tendencia es alcista e imparable.
En 2006, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó acerca de la deportación de 186 mil 726; un año después, ya eran 208 mil 996, y para 2008 el registro ascendió a 246 mil 851.
El año siguiente, cuando Obama llegó a la Presidencia, el indicador en referencia se ubicó en 282 mil 666 y al cierre de 2010 alcanzó una cifra récord: 393 mil casos, de los cuales 72 por ciento son mexicanos, esto es, 283 mil.
Un reporte reciente de la ICE detalla la tendencia al alza de estos episodios que refieren un nivel sin precedente en el gobierno actual.
En 2011, de acuerdo con las más recientes cifras disponibles y un análisis de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, se informa que "el reforzamiento interior ha pasado de actividades informales a amplios programas de cooperación intergubernamental para identificar y deportar extranjeros".
En la comisión binacional de alto nivel para analizar los aspectos migratorios, los funcionarios mexicanos –de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores– han manifestado su preocupación por la forma en que se ejecutan estos operativos, bajo el argumento de "remover a un mayor número de criminales extranjeros".
El gobierno mexicano advierte que va en aumento el número de mexicanos deportados que no son criminales. El Departamento de Seguridad Interna clasifica como "criminales" a aquellas personas que tienen antecedentes registrados ante la autoridad, aunque se trate de faltas administrativas, como pasarse un alto o manejar en estado de ebriedad.
En el apartado "Deportación de mexicanos por antecedentes penales 2000-2009" se precisa que en 2006, de 186 mil 726 deportados, 61 por ciento fueron "no criminales" y para 2009 el porcentaje de esa referencia subió a 66 por ciento.
Los funcionarios mexicanos consultados por La Jornada explicaron que la alerta no está sólo en el programa ordinario de repatriación ordenada y segura, sino en este "endurecimiento de la política inmigratoria en Estados Unidos".
Estos operativos, añaden, responden no sólo a la proliferación de legislaciones antinmigrantes, como la SB1070 de Arizona, sino a acciones y programas de colaboración orquestados por la administración federal mediante el ICE, con estados, condados y gobiernos locales.
Son cuatro los programas en Estados Unidos que integran el reforzamiento interior.
Estos son: "Acuerdos 287", que autoriza a policías locales y estatales a actuar como agentes migratorios a partir de un memorando de colaboración con el gobierno federal. El Programa de Extranjeros Criminales identifica a sujetos susceptibles a deportaciones en cárceles del país. "Escudo Comunitario", dirigido a miembros de pandillas y "afiliados", y el "Programa de Operaciones para Fugitivos", cuyo objetivo son individuos con órdenes de deportación sobresalientes o inminentes y que la ICE identifica como sujetos de deportación por medio de huellas digitales.
Con la participación de México se ha articulado la operación mediante el Programa de Repatriación Humana, formulado en diciembre de 2007, para brindar asistencia a los mexicanos para el traslado a sus lugares de origen. Este programa benefició a 267 mil 317 mexicanos en 2010 y, de enero a junio de 2011, fueron 150 mil 217.
El punto con mayor número de connacionales devueltos es Tijuana, seguido de Nogales, Mexicali, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.
También está el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, de naturaleza humanitaria y voluntaria; aplica en verano para salvar a migrantes en el corredor Sonora-Arizona que aceptan regresar vía aérea a la ciudad de México o con apoyo terrestre a otras regiones. De junio a septiembre de 2010 hubo 219 vuelos de Tucson a la ciudad de México, con lo que se brindó asistencia a 23 mil 383 mexicanos. La operación de este año empezó el 11 de julio y concluye el 23 de septiembre.
http://www.jornada.unam.mx/2011/08/09/politica/014n1pol
